Los graduados sociales alertan del deterioro de la Justicia en Cádiz tras reunirse con la Junta

El Colegio de Graduados Sociales atribuye el deterioro de la Justicia en Cádiz a la falta de personal y medios, los fallos informáticos y las suspensiones de vistas, y reclama medidas concretas a las administraciones.

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha alertado este 15 de octubre del deterioro de la Justicia en Cádiz y ha reclamado medidas para afrontar los retrasos y problemas de funcionamiento de los órganos judiciales. La corporación sostiene que una reunión con la nueva delegada territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, María Jesús Herencia Montaño, terminó sin compromisos concretos ni un calendario de actuaciones.

En el encuentro participaron representantes de varios operadores jurídicos de la provincia, entre ellos los colegios profesionales de la Abogacía, los Procuradores y los Graduados Sociales. Según esta última corporación, durante la reunión se abordaron la escasez de personal, las carencias materiales, las incidencias informáticas y la situación del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz.

El presidente del Colegio de Graduados Sociales, José Blas Fernández Sánchez, señaló que los problemas han dejado de ser episodios puntuales y afectan al funcionamiento ordinario de numerosos órganos judiciales. “Los juzgados funcionan con enormes dificultades, los profesionales trabajamos en condiciones cada vez más complicadas y los ciudadanos sufren las consecuencias”, afirmó.

Una de las principales cuestiones planteadas fue la insuficiencia de las plantillas y la cobertura de las bajas laborales y las vacantes. El Colegio asegura que, pese a la existencia de bolsas de trabajo, las sustituciones no se producen con la agilidad necesaria, lo que aumenta la carga de los funcionarios que permanecen en sus puestos y contribuye a la acumulación de tareas y retrasos.

Los graduados sociales también trasladaron sus quejas por las dificultades para contactar telefónicamente con los juzgados, la falta de medios materiales y las alteraciones de los señalamientos. La corporación sostiene que las suspensiones de vistas perjudican tanto a los profesionales como a las personas que esperan una resolución sobre sus procedimientos.

La situación afecta especialmente, según el Colegio, a la jurisdicción social, en la que estos profesionales intervienen habitualmente. En esos juzgados se resuelven asuntos relacionados con despidos, reclamaciones salariales, prestaciones de la Seguridad Social, incapacidades y otros conflictos con consecuencias directas para trabajadores y empresas.

Fernández incidió en que los retrasos pueden dejar a trabajadores pendientes del cobro de cantidades reclamadas, a ciudadanos a la espera de prestaciones y a empresas sin una resolución para sus conflictos laborales. “La Justicia tardía tiene consecuencias personales, sociales y económicas que no podemos normalizar”, declaró.

Otro de los asuntos expuestos durante la reunión fue la implantación de nuevas herramientas tecnológicas de gestión procesal y la sustitución de los sistemas informáticos anteriores. El Colegio atribuye a los fallos de funcionamiento, las dificultades de adaptación y la falta de coordinación entre servicios nuevas incidencias que se suman a los problemas de personal y organización.

La corporación relaciona además estas dificultades con el proceso de adaptación a las reformas legislativas sobre eficiencia del servicio público de Justicia. Estos cambios requieren reorganizar estructuras, procedimientos y formas de trabajo, pero los graduados sociales consideran que su aplicación debe ir acompañada de suficientes recursos humanos, tecnológicos y materiales.

El presidente del Colegio advirtió igualmente del desgaste entre funcionarios y profesionales por la acumulación de expedientes, la incertidumbre sobre los señalamientos, los problemas de comunicación y las incidencias tecnológicas. A su juicio, estas condiciones están generando frustración, agotamiento y tensión laboral entre quienes trabajan diariamente en los órganos judiciales.

La reunión también abordó el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz. Según la corporación profesional, las explicaciones recibidas no despejaron sus dudas sobre la ejecución de la infraestructura después de los problemas surgidos en el procedimiento de licitación y de las dificultades de financiación planteadas durante el encuentro.

Los graduados sociales reclaman instalaciones judiciales adecuadas a las necesidades actuales y consideran que la evolución del proyecto refleja la falta de continuidad en la respuesta de las administraciones a las carencias de la Justicia en la capital gaditana. Fernández pidió que los anuncios sobre esta infraestructura se traduzcan en actuaciones y plazos definidos.

El Colegio solicita que la Junta de Andalucía y el Ministerio de Justicia actúen de manera coordinada dentro de sus respectivas competencias, con la participación de los órganos de gobierno judicial y de los profesionales. También plantea impulsar la mediación intrajudicial y otros mecanismos de solución de controversias para reducir la litigiosidad y agilizar conflictos, siempre que dispongan de recursos y respaldo institucional.

Fernández valoró la disposición al diálogo mostrada en la reunión, pero consideró insuficiente el resultado del encuentro ante los problemas descritos. El Colegio demanda medidas, compromisos y plazos para mejorar el funcionamiento de un servicio público que, según recordó su presidente, afecta directamente al ejercicio de los derechos de la ciudadanía.