La Diputación de Cádiz pide estabilidad laboral para los PTIS y revisar su externalización

La moción sobre los PTIS reclama contratos durante todo el año, incorporación el 1 de septiembre y personal suficiente para atender al alumnado con necesidades educativas especiales

La Diputación de Cádiz aprobó en el pleno ordinario del 21 de octubre una propuesta de Izquierda Unida para mejorar las condiciones laborales del personal técnico de integración social, conocido como PTIS, y reforzar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. La iniciativa reclama a la Junta de Andalucía contratos estables durante todo el año, jornadas adecuadas a las necesidades de los centros y una revisión urgente del modelo de externalización.

La moción salió adelante con el respaldo de PSOE, IU y La Línea y el voto contrario del PP. Durante el debate, los grupos coincidieron en reconocer la importancia de estos profesionales, aunque discreparon sobre la gestión autonómica y las consecuencias del sistema de contratación mediante empresas adjudicatarias.

El diputado de IU Galán defendió que las condiciones laborales de los PTIS repercuten directamente en la inclusión educativa. Explicó que su función consiste en apoyar al alumnado que necesita asistencia para desarrollar su autonomía y participar en la vida de los centros.

Contratos estables e incorporación en septiembre

Uno de los principales objetivos de la propuesta es evitar los periodos de desempleo que, según denunció IU, afronta cada verano parte del personal externalizado. Galán sostuvo que estos profesionales realizan una labor estructural durante el curso escolar, pero carecen de continuidad laboral durante todo el año.

También cuestionó que su incorporación se produzca cuando comienza la actividad lectiva con el alumnado, en lugar del 1 de septiembre. Según expuso, esta circunstancia dificulta la coordinación con los equipos educativos y la preparación de la atención que necesita cada estudiante.

La moción pide contratos estables, sin periodos de desempleo forzoso, y jornadas completas ajustadas a las necesidades reales de los centros y su alumnado. Además, reclama que la Junta exija a las empresas adjudicatarias condiciones que garanticen esa continuidad y eviten situaciones de precariedad e inseguridad laboral.

Galán denunció asimismo reducciones de jornada al inicio de algunos cursos que, según su intervención, disminuyen los ingresos de los trabajadores y limitan el servicio prestado.

Revisión del modelo de externalización

La iniciativa plantea revisar de manera urgente la externalización y solicita al Gobierno de España que establezca ratios estatales y una dotación mínima de PTIS basada en las necesidades del alumnado. El objetivo es reducir las diferencias entre comunidades autónomas y garantizar recursos suficientes.

Desde el PSOE, la diputada Álvarez anunció el apoyo a la propuesta y subrayó que detrás de las condiciones laborales de estos profesionales están los derechos de niños y adolescentes.

Para explicar su función, describió las dificultades que puede encontrar una alumna que necesita ayuda para orientarse por un instituto, desplazarse entre aulas o participar en el recreo. Su intervención vinculó la disponibilidad de apoyos con la participación efectiva en la actividad escolar.

Álvarez también consideró erróneas las decisiones que llevaron a externalizar el servicio y cuestionó que se calificara como complementaria una atención que definió como esencial.

El PP defiende los recursos de la Junta

El representante popular Trujillo reconoció la labor de los PTIS, pero recordó que el modelo de externalización se implantó bajo gobiernos socialistas. Frente a las críticas, defendió que la Junta ha incrementado los recursos destinados a la educación especial y mejorado las condiciones económicas de los contratos.

Durante su intervención afirmó que el precio por hora de los pliegos había aumentado un 53,4 % y señaló que los contratos vigentes incluyen cláusulas de resolución ante incumplimientos del convenio colectivo por parte de las empresas. También aludió a la creación de nuevas plazas públicas.

En el cierre, Galán insistió en que la finalidad de la moción es garantizar condiciones dignas a los profesionales y una atención suficiente al alumnado. El acuerdo aprobado traslada estas demandas a las administraciones competentes, sin suponer por sí mismo una modificación inmediata de los contratos o las plantillas de los centros.