El fin del protocolo del acuerdo pesquero con Mauritania amenaza la actividad del puerto de Cádiz
La flota vinculada al acuerdo pesquero con Mauritania perderá la autorización para faenar en esas aguas el 15 de noviembre; 25 de los 60 buques europeos afectados tienen base en Andalucía
La expiración del protocolo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania puede interrumpir desde el 15 de noviembre de 2025 la actividad de 25 buques con base en Andalucía y afectar a las descargas y subastas del puerto de Cádiz. Las primeras estimaciones del sector sitúan en alrededor de 500 los trabajadores que podrían verse perjudicados en toda la cadena de valor, incluidos empleos directos e indirectos.
La Comisión Europea ha comunicado oficialmente que el protocolo de aplicación del acuerdo pesquero con Mauritania vencerá el 14 de noviembre a medianoche. Desde el día siguiente, las embarcaciones acogidas a este marco dejarán de estar autorizadas para faenar en aguas mauritanas si antes no se articula una fórmula que permita mantener su actividad.
La finalización del protocolo afecta a un total de 60 barcos europeos, de los que 25 tienen su base en puertos andaluces. El cese de las capturas tendría consecuencias sobre la flota, pero también sobre la comercialización del pescado y los servicios portuarios relacionados con su descarga, subasta y distribución.
El puerto de Cádiz sería uno de los principales puntos afectados en Andalucía, al concentrar buena parte de las descargas y subastas de pescado procedente de Mauritania, según la información trasladada por la Junta de Andalucía. Las repercusiones también alcanzarían a los puertos de Algeciras, Sevilla y Huelva.
La cifra de unos 500 empleos expuestos procede de las primeras estimaciones realizadas por el propio sector. Ese cálculo incluye a los tripulantes y otros puestos vinculados a la pesca, además de los trabajadores relacionados con la comercialización de las capturas y con los servicios que se prestan en los puertos andaluces.
Ante la proximidad del vencimiento, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha reclamado al Gobierno de España y a la Unión Europea una solución que evite la paralización de los barcos. El responsable autonómico sostiene que el amarre de la flota pondría en riesgo cientos de puestos de trabajo.
Fernández-Pacheco ha planteado dos posibles vías para dar continuidad a la actividad pesquera: la aplicación provisional de un nuevo protocolo o la aprobación de una fórmula transitoria hasta que exista un marco renovado. La decisión corresponde a las administraciones estatal y comunitaria implicadas en las negociaciones.
La Junta ya había trasladado su posición al Ministerio en el Consejo Consultivo de Política Pesquera. En ese órgano pidió que se buscaran alternativas para que los buques pudieran continuar faenando una vez alcanzada la fecha límite del protocolo actual.
“Llevamos tiempo advirtiendo de este problema y ahora nos encontramos a las puertas de una fecha límite sin una solución que dé tranquilidad al sector”, ha señalado el consejero. Fernández-Pacheco considera que una interrupción de la actividad tendría un perjuicio económico y social relevante para Andalucía, tanto por sus efectos sobre los barcos como por su repercusión en las empresas y trabajadores dependientes de las capturas.
La preocupación se centra especialmente en la posibilidad de que los buques queden amarrados desde el 15 de noviembre, al perder la autorización para operar en el caladero mauritano. El consejero ha pedido que se estudien “todas las vías posibles” antes de que expire el protocolo y ha vinculado la urgencia de una solución a la necesidad de mantener el empleo asociado a la flota.
El impacto previsto sobre Cádiz no se limitaría a las tripulaciones. La interrupción de las capturas reduciría la actividad generada por la llegada del pescado al puerto y afectaría a las operaciones posteriores de venta y distribución, así como a los servicios portuarios que atienden a las embarcaciones y a su mercancía.
La comunicación de la Comisión Europea fija así el 14 de noviembre como fecha límite para el protocolo vigente. Si no se establece antes un mecanismo provisional o transitorio, los 25 barcos andaluces incluidos entre los 60 europeos afectados tendrán que suspender su actividad en aguas de Mauritania a partir de la medianoche.
