Cádiz reclama una salida al vencimiento del acuerdo pesquero con Mauritania
El Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria piden un nuevo acuerdo pesquero con Mauritania o una solución transitoria para evitar la paralización de una actividad que movió 105,7 millones de euros en la lonja gaditana entre 2017 y 2026.

El Ayuntamiento de Cádiz y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) han reclamado este 16 de noviembre una solución urgente tras el vencimiento del protocolo que regula el acuerdo pesquero con Mauritania. Ambas instituciones piden que se intensifiquen las negociaciones para mantener la actividad de la flota y evitar sus efectos sobre la lonja, el empleo y las empresas vinculadas al sector en la ciudad.
La petición coincide con una concentración de trabajadores de la pesca celebrada ante el Ayuntamiento gaditano. El alcalde, Bruno García, trasladó su apoyo al sector y dirigió su reclamación al Gobierno de España y al ministro de Agricultura y Pesca, con quien, según afirmó, el Consistorio intentaba contactar para exponer la situación.
El protocolo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania permite desarrollar la actividad de la flota vinculada al caladero mauritano. Una interrupción prolongada afectaría directamente a armadores y tripulaciones, pero también a otros eslabones de la cadena que opera alrededor del puerto y de la comercialización de las capturas.
La presidenta de la APBC, Teófila Martínez, cifró en cerca de 44.000 toneladas el pescado procedente de Mauritania comercializado en la lonja de Cádiz entre 2017 y 2026. El valor acumulado durante ese periodo superó los 105,7 millones de euros, de acuerdo con los datos aportados por la institución portuaria.
En 2025, esta actividad alcanzó un valor de 13,2 millones de euros, la cantidad más elevada de la serie analizada por la Autoridad Portuaria. Las cifras reflejan el peso que las capturas procedentes de este caladero tienen en el movimiento de la lonja gaditana y en los servicios asociados a su llegada y comercialización.
La actividad no se limita a la descarga y subasta de pescado. También implica a empresas de logística, transporte, distribución y transformación, además de servicios portuarios y negocios auxiliares. Ayuntamiento y Autoridad Portuaria sostienen por ello que una paralización repercutiría sobre un tejido productivo más amplio que el formado por los propios buques y sus tripulaciones.
Las dos instituciones vinculan asimismo este caladero con el suministro de merluza negra al mercado español. Según la información difundida conjuntamente, toda la merluza negra consumida en España procede de Mauritania y pasa por la subasta de Cádiz, lo que amplía las posibles consecuencias de una interrupción de la flota más allá del ámbito local.
García calificó el conflicto como “un tema de ciudad” por sus efectos sobre trabajadores, familias, empresas, el mercado y los consumidores. El alcalde sostuvo que numerosas familias gaditanas dependen del sector pesquero y defendió la necesidad de adoptar una solución inmediata que permita mantener la actividad.
El Ayuntamiento ha solicitado la intervención del Ejecutivo central ante una negociación que corresponde a la Unión Europea y Mauritania. La reclamación planteada desde Cádiz pasa, en primer término, por alcanzar un nuevo acuerdo entre ambas partes que permita dar continuidad a la pesca en esas aguas.
Como alternativa, el Consistorio y la APBC proponen articular una medida transitoria que impida una interrupción prolongada mientras continúa la negociación. Las instituciones consideran que las diferencias responden principalmente a las condiciones económicas del protocolo y confían en que pueda alcanzarse un entendimiento mediante el diálogo.
La Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento defienden que la cooperación pesquera genera actividad económica tanto en Mauritania como en los puertos europeos vinculados al caladero. En el caso de Cádiz, sitúan entre las principales áreas afectadas la lonja, los servicios portuarios, el transporte y la distribución de las capturas.
La movilización celebrada ante el Ayuntamiento trasladó a la calle la preocupación de los trabajadores por la continuidad de la actividad. El alcalde participó en la concentración y aseguró que el gobierno municipal trabajará de forma coordinada con la Autoridad Portuaria para defender los intereses del sector ante las administraciones competentes.
El vencimiento del protocolo abre así un periodo de incertidumbre para una actividad que durante los últimos años ha mantenido un volumen relevante de comercialización en Cádiz. Las reclamaciones formuladas desde la ciudad se centran en evitar que la falta de entendimiento entre la Unión Europea y Mauritania termine provocando la paralización de la flota y se extienda al resto de empresas que forman parte de la cadena pesquera local.


