El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado con los votos favorables de PCSSP, PSOE y Ganar Cádiz y las abstenciones de PP y Ciudadanos suspender el reconocimiento de la deuda que el Ayuntamiento mantiene con la empresa Tranvías de Cádiz a San Fernando y Carraca, S.A. por la prestación del servicio de transporte urbano de autobuses del año 2015 hasta conocer el contenido del informe que el consistorio va a solicitar a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) para clarificar la legitimitad del beneficio industrial que la empresa viene cobrando, cifrado en el 15%.
El concejal socialista Juan Cantero puso sobre la mesa un estudio elaborado por la Universidad de La Coruña sobre el beneficio industrial que se consideraría razonable para la empresa adjucataria del servicio de transporte público en la ciudad gallega, que osila según el criterio a tomar, entre el 6% y el 7,6%.
La deuda que el Pleno Municipal ha decidido no reconocer por el momento asciende a 2.082028 euros y, según el concejal socialista si se tomara en consideración el estudio de La Coruña podría suponer un ahorro para las arcas municipales de 800.000 euros anuales.
El beneficio industrial del 15% que se aplica en la ciudad de Cádiz no está respaldado por ningún documento contractual, según Cantero. Esta cifra deriva de un conflicto entre el Ayuntamiento y la empresa concesionario de prinicipios de los años 90 del siglo pasado por la negativa del consistorio, entonces presidido por Carlos Díaz, a reconocer el déficit tarifario que supuso la implantación del bonobús.
El conflicto quedó resuelto por la Sala de lo Contencioso Admisnistrativo del TSJA en 1992 dando la razón a la empresa, lo que provocó la firma de un convenio en 1994 para cumplir con lo dispuesto en la sentencia del TSJA. Ni en la sentencia ni en el convenio aparece la cantidad del 15% según la intervención de Juan Cantero.
El Interventor municipal de aquel entonces propuso dos alternativas para calcular las cantidades adeudadas a la empresa. La primera sería calcular la diferencia entre la cantidad percibida por la empresa y aquella que hubiera percibido si los usuarios de bonobús hubieran abonado el billete sencillo y la segunda abonar a la concesionaria un 15% de beneficio industrial. El Ayuntamiento optó por esta última y desde esos años Tranvías viene percibiendo hasta la fecha esa cantidad.
Según el concejal socialista la decisión tomada en su momento tan solo sirve para calcular las cantidades reconocidas en la sentencia, que son las que se corresponden con los años comprendidos entre 1987 y 1992, pero en ningún caso supone un compromiso contractual para los siguientes años.
Por su parte Pérez Dorao, del Grupo Ciudadanos, defendió reconocer y abonar la deuda a cuenta de lo que recoja el informe de la CNMC mientras que José Blas Fernández, del Partido Popular, se puso en el papel de defensor de la concesionaria resaltando los cambios en el servicio que desde el consistorio se le había solicitado a la empresa que debía realizar y los que en el futuro se le podrían solicitar, como la adquisición de vehículos propulsados por gas.