Izquierda Unida defenderá mañana en la Diputación Provincial una moción en la que pedirá al Pleno que solicite al Gobierno de la nación una moratoria de dos años para ampliar el periodo de carencia de los préstamos suscritos por las corporaciones locales al amparo de los decretos que regulan el denominado plan de pago a proveedores evitando así que desde el próximo mes de agosto los Ayuntamientos de todo el país tengan que pagar intereses y amortización del capital, circunstancia que pondría en peligro la estabilidad de muchos de ellos. Cabe recordar que con este plan, articulado en diversos decretos correspondientes a diferentes fases, el Gobierno forzó a las administraciones públicas a contraer préstamos con el objetivo de reducir la elevada deuda comercial existente.
El diputado provincial de IU, Antonio Alba, argumenta que fruto de estos mecanismos, “las entidades locales han abonado a sus proveedores comerciales casi 11.600 millones de euros de facturas antiguas, si bien esos préstamos han supuesto un incremento de la deuda con las entidades financieras, que tendrá graves consecuencias para los ayuntamientos si el Gobierno central no actúa con urgencia”.
Apunta el portavoz de IU que los préstamos que se solicitaron al amparo de la primera fase fueron los más elevados, ya que comprendían facturas de un período mucho más extenso en el tiempo. “Con respecto a esta fase hubo un primer periodo de carencia de dos años que se prorrogó por otros dos, ya que muchos ayuntamientos, por lo elevado de los préstamos, no podían afrontar los pagos”. Este periodo de carencia, según explica Alba, finaliza en 2016, “fecha a partir de la cual las corporaciones locales tendrán que hacer frente al pago no sólo de los intereses sino también de la amortización del capital, elevándose de manera muy considerable la cantidad a pagar por los ayuntamientos y poniendo así en peligro su propia estabilidad”.
Por otra parte, la moción insta al Gobierno Central a solucionar “el grave problema que se les viene encima a los ayuntamientos, tras las recientes sentencias judiciales condenando a las administraciones públicas al pago a los acreedores de los intereses a los que renunciaron voluntariamente en virtud de los mecanismos de planes de pago a proveedores”, al entender que “es el Gobierno Central el que debe pagar esos intereses”.
El diputado provincial recuerda que “uno de los grandes logros que vendió el Gobierno al resto de las administraciones públicas para invitarles a acogerse a estos mecanismos fue que las entidades comerciales que optasen por cobrar por estos planes renunciaban voluntariamente a los intereses de demora, lo que supondría un importante ahorro para las arcas municipales”. Sin embargo, señala que recientemente han comenzado a recaer sentencias en el sentido contrario, reconociendo el derecho de los proveedores a cobrar porcentajes de interés que alcanzan casi un tercio del principal y que podría suponer un montante total superior a los 3.000 millones de euros en todo el Estado. Esta situación traerá como principal consecuencia –indica- que “las corporaciones locales no sólo tendrán que pagar los intereses financieros por los préstamos que tuvimos que solicitar, sino que además tendremos que pagar intereses a los proveedores”.
Además, denuncia que “este hecho supone cambiar a posteriori las condiciones en virtud de las cuales las corporaciones locales se acogieron a los citados planes, ya que la rebaja que suponía la renuncia a intereses fue uno de los grandes logros anunciados a bombo y platillo por el Gobierno central; los ayuntamientos no podemos pagar los intereses dos veces, ya que por un lado se los pagaríamos a los bancos y por otro lado a los acreedores comerciales”, concluye.