Los sindicatos CSIF, ACAIP, APFP, CCOO y UGT con representación en el Centro Penitenciario de Puerto III, trasladan a la opinión pública, que el pasado día 7 de septiembre el subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, giró visita al centro penitenciario de puerto III para entrevistarse con los seis funcionarios agredidos el pasado día 21 de julio, por un recluso catalogado de extrema peligrosidad, sin haber recibido ni informado a los representantes sindicales. Esta visita, incluso, provocó que se alterase la hora de celebración de la Junta de Tratamiento que se celebra de manera habitual todos los miércoles.
Como quiera que no se tuvo la deferencia con los legítimos representantes de los trabajadores de informar de tan inusual visita, ni se les dio la posibilidad de mantener un encuentro con la más alta instancia política en esta provincia, los sindicatos se han visto abocados a utilizar los medios de comunicación, para transmitirle lo que no se ha podido hacer de manera personal.
Los representantes sindicales consideran correcto cualquier gesto de apoyo hacia todo funcionario que haya sido agredido en el desempeño de su puesto de trabajo (curiosamente, no se citó a una funcionaria que fue agredida por una interna, unas semanas antes), pero si estas acciones no vienen acompañadas de otras medidas, más bien parece un mero lavado de conciencia.
Las agresiones al personal penitenciario no se pueden concebir como una parte integral de la actividad penitenciaria y los sindicatos no aceptan el mercenario argumento de que deba considerarse una parte del sueldo. Ningún funcionario tiene por qué ser agredido por el mero hecho de trabajar en un centro penitenciario. Vincular las agresiones a la nómina, siendo consideradas y retribuidas por la propia naturaleza de la actividad es una inmoralidad. Además, contraviene toda la legislación española y europea sobre riesgos laborales. Las agresiones son riesgos laborales, y como tales, son necesarios prevenir y evitar.
Los sindicatos exigen que se aborde de una manera real el problema de las agresiones al personal penitenciario y se sienten hastiados deque se les agreda en su puesto de trabajo. Las cifras oficiales del propio Ministerio del Interior, así lo demuestran. Desde el año 2005 y hasta el 31 de marzo de 2016, se habían registrado en las cárceles españolas 2.118 agresiones de presos a los trabajadores encargados de su vigilancia.
Los sindicatos no quieren más agresiones en prisiones y para eso son necesarias medidas.
Se debe de empezar reconociendo que existe una verdadera pandemia de agresiones por parte de los internos al personal penitenciario. La Administración, hasta el momento, hace lo contrario, niega la realidad. Puerto III es un claro ejemplo de esta política, se niegan a difundir las imágenes grabadas por los sistemas de video-vigilancia de la agresión de los seis funcionarios con los que el subdelegado del Gobierno se entrevistó. Tratan de impedir y ocultar que documentos gráficos tan ilustrativos de la realidad penitenciaria lleguen a la opinión pública. ¿Por qué otros colectivos, como la Guardia Civil, pueden difundir las imágenes cuándo son agredidos y los trabajadores de Prisiones no?
La exclusión del colectivo penitenciario del Protocolo de Actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado, más de lo mismo, los funcionarios más agredidos, quedan fuera del mismo.
Social, laboral y legalmente, no es posible que la Administración siga mirando para otro lado. Los trabajadores rechazan que sea una consecuencia o algo “inherente” al propio trabajo. Las agresiones continúan y aumentan porque muchas de las razones que las provocan, no se han abordado.
Entre otras causas, el aumento de la población penal con patologías psiquiátricas sin diagnóstico ni tratamiento, para la que los trabajadores no tienen preparación específica ni medios adecuados para tratar internos con este determinado perfil. Así como la endémica falta de personal penitenciario y protocolos de actuación con los internos muy peligrosos y que generan multitud de agresiones dentro de las prisiones, tanto hacia el personal penitenciario como hacia otros internos.
Dos semanas más tarde de la agresión sufrida el 21 de julio seis funcionarios de Puerto III, por fin, la Administración dota a los trabajadores de toda España de una normativa a aplicar con presos muy peligrosos, un claro avance en materia de control de estos internos.
Por ello, los sindicatos no van a permanecer cruzados de brazos esperando cuándo se va a producir la próxima agresión, como hace la Administración. Muchas de las agresiones al personal penitenciario se pueden evitar. Dejar que centenares de trabajadores sigan siendo agredidos cada año es una inmoralidad no aceptable por una sociedad avanzada.