«Es muy grave que en democracia la Junta aproveche el Estado de Alarma para prohibir a los sanitarios del SAS hablar sobre el COVID-19, porque eso da una gran sensación de oscurantismo»
La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y parlamentaria andaluza, Araceli Maese, ha defendido que “los Ayuntamientos tienen que ser la herramienta para canalizar la partida económica que el Gobierno Central ha dado a la Junta en el marco del Plan de Emergencia Social, especialmente, la partida destinada a la administración local”. En esta línea, ha dicho que “nos unimos a la reivindicación que hizo ayer la presidenta de la Diputación, Irene García, ya que entendemos que los alcaldes y alcaldesas gaditanos, independientemente del color político, son los responsables públicos más cercanos a la ciudadanía y, sin embargo, la Junta no les está facilitando, en absoluto, su labor y su gestión”. Por todo ello, ha pedido que “el Gobierno de derechas de Andalucía aclare el reparto de los 51 millones de euros ofrecidos para emergencias sociales por parte del Estado y que deje claro cómo van a recibir los Ayuntamientos y Diputaciones los 30 millones de euros destinados a las Entidades locales”. Por esa razón, ha dicho que “lo más lógico es que una vez se establezcan las partidas destinadas a cada Ayuntamiento estos recepcionen de manera directa los fondos, pues son los que verdaderamente conocen las realidades de su territorio y eso supondría agilizar la consecución del fin de estos fondos económicos”.
Al mismo tiempo, Maese ha puesto de manifiesto que “los socialistas nos caracterizamos por mantener nuestros criterios a la hora de exigir a las Administraciones sin mirar el partido que las gobierna, por coherencia”. Así pues, ha expuesto que “desde la Diputación de Cádiz gobernada por nuestra secretaria General se ha pedido al Gobierno central que permita utilizar el 100% del superávit de la Administración local, y no sólo el 20%, tal y como está ahora planteado, así como los activos bancarios, para poder paliar las consecuencias que está generando el COVID-19”. Porque, ha aseverado la parlamentaria, “desde el PSOE creemos que los Ayuntamientos han cumplido con su deber y ante circunstancias tan excepcionales deberían ser compensados pudiendo utilizar su superávit para mejorar las consecuencias de la pandemia”. Sin embargo, ha dicho “estoy convencida de que el Gobierno de Pedro Sánchez será sensible con esta cuestión, como lo fue ayer, por ejemplo, con la decisión tomada respecto a las contrataciones de las campañas agrícolas, permitiendo a los jornaleros trabajar a la par que cobran el paro, así como implementar las cuadrillas con temporeros migrantes, una buena noticia, sin duda, para muchos municipios de la provincia de Cádiz que son eminentemente agrícolas”.
Por otro lado, ha considerado “una vergüenza que la Junta de Andalucía sea la competente directa de adquirir los EPI y el material sanitario y ahora pretenda endosar a los Ayuntamientos esa tarea sabiendo que no todos poseen las mismas herramientas y capacidades logísticas para tal fin, especialmente los municipios más pequeños”, por lo que “nos parece un atropello administrativo al que deben poner solución de inmediato”.
También Maese ha querido considerar “la falta de información que tienen los alcaldes y alcaldesas sobre el número de afectados en sus respectivos municipios”. Para la socialista “es un dato clave para que puedan dar una respuesta diligente a sus vecinos y vecinas, así como aplicar las medidas oportunas en virtud de esas necesidades”. En esta línea, ha matizado, “la Junta no puede escindirse de sus competencias, no queremos pensar que esa negativa sea consecuencia de una falta de rigor en los datos oficiales que ofrece, porque tampoco llegamos a entender cómo en una democracia se puede prohibir a los sanitarios del SAS hablar sobre cuestiones relacionadas con el COVID-19 ¿Qué quiere ocultar Moreno Bonilla y el Consejero Aguirre?”. Ha seguido “ni al PSOE, ni a los alcaldes y alcaldesas los van a seguir engañando con la idea de que es el Ministerio de Sanidad el que le impide ofrecer esos datos, porque es flagrantemente incierto, habida cuenta de que otras comunidades autónomas sí los ofrecen”. Por último, Maese ha mostrado “su enorme preocupación por la situación que se está viviendo en las residencias de ancianos de Andalucía y las de Cádiz en particular con lamentables ejemplos como los de Alcalá del Valle, Ubrique, Jerez, San Fernando o Algeciras”. La parlamentaria ha concluido exigiendo a la Junta que “actúe de inmediato en las residencias, tanto públicas como privadas, pues ahora todas son de su competencia, y establezcan mecanismos que eviten la propagación del virus en estos centros de especial vulnerabilidad”. Al mismo tiempo ha pedido que “de inmediato se pongan a trabajar en la protección de los usuarios y el personal que asiste a los residentes, para no seguir viendo como día a día aumentan los casos de afectados y fallecidos en las residencias de mayores de Andalucía”.