Economía reclamará para la comunidad, que cuenta con uno de los precios más bajos, compensaciones en el caso de aportación extraordinaria del Estado para bajar el precio de otras regiones
El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha exigido al Gobierno central que Andalucía no se vea penalizada si finalmente compensa de forma extraordinaria a las comunidades con precios públicos más elevados por la pérdida de ingresos que va a suponer la derogación del sistema de tasas universitarias vigente desde 2012. «La eliminación del actual sistema de precios públicos no puede suponer, en cualquier caso, una merma de recursos para el sistema universitario andaluz», ha sentenciado.
Esta reclamación de la Junta de Andalucía se produce después de que el ministro de Universidades, Manuel Castells, haya propuesto en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria consensuar con las comunidades la vuelta a los niveles de precios existentes en el curso académico 2011/2012.
Velasco ha asegurado que el sistema de compensación que se establezca «no puede beneficiar a las comunidades que actualmente ofertan los precios más altos en detrimento de otras regiones como Andalucía, que ya han hecho un gran esfuerzo para mantener unas de las tasas más asequibles del sistema universitario español». En ese sentido, desde la Consejería de Economía se recuerda que el sistema de horquillas recién derogado no había supuesto un encarecimiento de las tasas universitarias.
El titular de Economía ha explicado que, en la actualidad, la comunidad andaluza es la región que ofrece una política de precios públicos de las más asequibles del sistema nacional, fijando en 12,62 euros la cuantía del crédito de grado y en 13,68 euros el de másteres universitarios. Ese umbral del coste docente es muy inferior a la media española, que se sitúa en 32,39 euros, y que conlleva que la diferencia entre estudiar en Cataluña, la región con los precios más altos, y hacerlo en la región andaluza sea de hasta el 216%.
Con estos precios, que se encuentran congelados, se garantiza, a juicio de Velasco, «la igualdad de oportunidades en el acceso a la enseñanza superior para aquellos estudiantes con menos recursos».
En Andalucía, además de los precios públicos más bajos, se establece la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula, tanto en grados como en másteres, a todos los estudiantes que no sean becarios del Ministerio y a los becados en el porcentaje no cubierto por la beca. Así, un estudiante con buen rendimiento puede realizar sus estudios de grado abonando casi únicamente el primer curso, con un ahorro total de hasta el 75% de los costes, y realizar un máster prácticamente gratis.
Se trata de una ayuda que incentiva el esfuerzo y los buenos resultados académicos y que garantiza la práctica gratuidad de los estudios a quienes aprueben las asignaturas del curso anterior, tal y como ha aclarado Rogelio Velasco. Para este curso en los presupuestos autonómicos se ha reservado una partida de 40 millones de euros con el fin de sufragar esta medida y el pasado ejercicio se beneficiaron de la bonificación más de 114.000 estudiantes.
Además de estas iniciativas ya consolidadas en la comunidad, los estudiantes universitarios tienen la oportunidad de abonar el precio de las enseñanzas que cursan de manera fraccionada hasta en ocho plazos.
«En Andalucía los deberes en cuanto a los precios públicos universitarios están sobradamente hechos», ha subrayado Velasco para añadir que «el compromiso para mantener unas tasas muy asequibles exige un gran esfuerzo en la financiación pública de las universidades y en el aumento de otras fuentes de financiación para poder cubrir el coste de la enseñanza por cada estudiante en las condiciones de calidad que queremos garantizar en el sistema universitario andaluz». Por todo ello, ha reclamado al Ministerio de Universidades que «no se penalice a aquellas regiones que lo han hecho bien».
Esfuerzo presupuestario de Andalucía
La Junta de Andalucía desde el inicio de la legislatura ha realizado un importante esfuerzo presupuestario para sustentar la universidad pública. De hecho, en 2019 el apoyo financiero a estas instituciones académicas representa el 0,84% del PIB regional, un porcentaje que sitúa a la comunidad a la cabeza del esfuerzo inversor del conjunto nacional.
La financiación pública de las universidades españolas, según un informe del Observatorio del Sistema Universitario, se sustenta en gran medida en los recursos aportados por las comunidades, que son las responsables de sufragar el 94% de los fondos, mientras que el 6% restante corresponde al Estado. Esta última partida se concreta, sobre todo, en transferencias para actividades de investigación y en la compensación por las exenciones de precios públicos fijados por el Estado, es decir, en concepto de becas y rebajas a familias numerosas.
El sistema recién derogado por el Gobierno central consistía en que los precios se fijaran por las comunidades dentro de unas horquillas de porcentajes sobre el coste del servicio académico que recibe el estudiante. Los porcentajes aumentaban en las sucesivas matrículas de la misma asignatura.