El edificio retornará a sus propietarios, la Fundación Aramburu Moreno de Mora, el próximo 20 de octubre por lo que Diputación dejará de gestionarlo
El diputado provincial Daniel Moreno se ha reunido esta mañana con una representación del colectivo de padres y madres del colegio Institución Provincial Gaditana para informarles de la situación a la que se enfrenta el centro de cara al próximo curso y de los trámites que se están llevando a cabo al respecto.
En primer lugar, Moreno les ha trasladado que la Diputación de Cádiz viene realizando en los últimos años un importante esfuerzo para dar respuesta a las reiteradas quejas de la comunidad educativa acerca de la necesaria inversión para la mejora de las instalaciones del centro. Las circunstancias del mismo se han visto agravadas por la situación de abandono en que se encuentran los terrenos colindantes, en los que se preveía la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia de Cádiz por parte de la Junta de Andalucía y de un nuevo equipamiento deportivo y comercial por parte del Ayuntamiento tras el derribo del Pabellón Fernando Portillo. Estos solares acumulan años de dejadez sin apenas mantenimiento.
En cualquier caso, la principal novedad que Daniel Moreno ha explicado a los padres y madres es que el uso del inmueble por parte de la Diputación viene recogido a través de un convenio con su propietaria, la Fundación Aramburu Moreno de Mora. Este acuerdo, elevado a público mediante escritura otorgada ante notario el 7 de diciembre de 1963, estipula que tiene fijada como “fecha irremediable de extinción” el próximo 20 de octubre de 2020. Nunca hasta el momento se había tenido que afrontar ninguna prórroga o cambio en dicho convenio.
En esa línea, la Diputación ha recibido solicitud por escrito, suscrita por el letrado de la Fundación Aramburu Moreno de Mora, en la que se expresa la voluntad de la referida entidad de reclamar la recuperación en esa fecha del inmueble de su propiedad.
Una vez que en la Diputación de Cádiz se tuvo conocimiento de las pretensiones de la Fundación, se iniciaron una serie de contactos al más alto nivel entre responsables políticos de la Diputación y la Consejería de Educación de la Junta.
La propia presidenta, Irene García, remitió una carta al consejero Javier Imbroda para informarle de manera directa de estas complicadas circunstancias y de la necesidad de buscar la mejor solución para el alumnado de la Institución. En dicha misiva no sólo se planteaba la información relativa a la reclamación de los propietarios del edificio, sino también las conclusiones que se extraen del informe realizado por la Secretaría General de la Diputación sobre las competencias de la Administración provincial en materia de educación. Este concluye que “las enseñanzas de educación son competencia exclusiva de la Junta de Andalucía (artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía)”.
Por otro lado, el citado informe de la Secretaría General recoge igualmente que, en virtud de lo dispuesto en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, la Ley de Autonomía Local de Andalucía, la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Educación de Andalucía, “las Diputaciones Provinciales andaluzas carecen de competencias propias en materia de educación”. A todo ello se añade que la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, establece que las entidades locales no deben volver a asumir competencias que no les atribuya la ley y para las que no cuentan con una financiación adecuada.
A la luz de todo lo anterior, la Secretaría General dictamina en su informe que “no procede la gestión y mantenimiento por parte de la Diputación Provincial de Cádiz de centros educativos cuya competencia corresponde a la Junta de Andalucía, máxime cuando los costes son mantenidos en exclusiva por la Diputación y no se ha delegado formalmente la competencia con los requisitos legales establecidos”.
De esta forma se establece que “en virtud de lo determinado en los artículos 47.1, 49.h.1º y Disposición adicional octava de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no procede la renovación del convenio suscrito con la Fundación Aramburu Moreno de Mora”.
En cualquier caso, el diputado ha expuesto a los padres y madres del colegio que ya en la carta enviada en el mes de febrero por Irene García al consejero de Educación, antes del estado de alarma decretado por el Gobierno a causa de la pandemia por el COVID-19, se advertía a los responsables autonómicos que la Diputación dejaba en manos de la Junta la adopción de las medidas necesarias de cara a afrontar el inminente periodo de matriculación de alumnado en el centro para el próximo curso.
La presidenta ha solicitado formalmente una reunión personal con Javier Imbroda en el momento en que la agenda del consejero lo permita para tratar en profundidad el asunto de la Institución Provincial Gaditana. Más allá de eso, el propio diputado delegado de Desarrollo Social, Daniel Moreno, ha mantenido contactos con el director general de Planificación de la Consejería de Educación en los que le ha planteada la complicada situación a la que se enfrenta el centro.
Una vez que ha trasladado la información pertinente, el diputado ha atendido las lógicas inquietudes de los padres y madres del centro, asegurándoles que les mantendrá debidamente informados de todos los pasos que se vayan dando y las decisiones que la Junta de Andalucía pueda trasladarle en los próximos días, siendo esta la Administración competente para dar una solución al alumnado del centro, bien llegando a un nuevo acuerdo con la Fundación propietaria del edificio o reubicando a los niños y niñas en otros centros de la ciudad.
Tras el encuentro, el diputado se ha puesto en contacto con responsables del Ayuntamiento de Cádiz para informarles de la situación.
La posibilidad de que la Junta de Andalucía llegue a un acuerdo para mantener el centro es improbable. Por un lado, Cádiz es una ciudad donde hay más oferta de plazas que demanda de alumnos, al menos en lo que respecta a la educación pública. Por otro lado, la administración autonómica ha dado muestras desde que llegó al poder de apostar por la educación concertada. Un ejemplo de ello es la implantar la medida de que todos los padres puedan optar a una plaza en un colegio concertado aunque no dispongan de este tipo de colegios en su zona.