Tras la reapertura de los Centros de Mediación, su situación es de desbordamiento de papeletas de demandas de conciliación
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha solicitado a la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco Eguren, que se lleve a cabo, de manera urgente, un proceso de digitalización de los Centros de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) que permita la rápida agilización telemática de todo el sistema, especialmente en el escenario post-Covid, con una situación generalizada de desbordamiento de los medios y mecanismos actuales.
En un escrito dirigido a la consejera, el presidente del Consejo Andaluz que representa a los más de 9 mil graduados sociales de nuestra comunidad, Ceuta y Melilla, José Blas Fernández Sánchez, ha reclamado que los procedimientos de estos centros de mediación se puedan gestionar telemáticamente, al igual que ya ocurre con el SERCLA.
“Al igual que existe en los procesos judiciales con el sistema LexNet, si queremos agilizar el trámite y mejorar la cantidad de demandas que se asoman a los Juzgados de lo Social de Andalucía, adaptar a los CMAC’s es algo que no puede esperar. En el otro organismo de mediación, el SERCLA, los resultados de la digitalización son beneficiosos para todos”, explica el presidente andaluz de los graduados sociales.
Con motivo del Estado de Alarma, los CMAC’s han estado paralizados hasta el pasado 31 de mayo. Tras su reapertura, la situación es de “desbordamiento de papeletas de demandas de conciliación. Los profesionales ahora tenemos que gestionar con unos organismos colapsados, y además en una situación en la que las circunstancias del mercado laboral son negativas”, señala José Blas Fernández.
Los trámites del CMAC no se encuentran bajo la tutela de ningún proceso telemático. Arrancar de nuevo su puesta en funcionamiento desde la parálisis total del sistema supone que, en muchos casos, las citaciones para mediación se estén demorando hasta dos meses después de la presentación, pese a que se trata, en algunos casos, de despidos.
Esta situación conlleva doble trabajo, pues hay que presentar demandas ante la Jurisdicción del Orden Social mientras éstas quedan supeditadas a la aportación de la correspondiente acta de conciliación, intentado sin afecto o sin avenencia. “Se da la paradoja que, si en la conciliación se llega a un acuerdo, hay que desistirse de la demanda judicial ya planteada, lo cual provoca en nuestros despachos profesionales un trabajo incalculable y mayores gastos para la administración y el administrado”, detalla el presidente de los graduados sociales.
“Los organismos cuya gestión es paso previo obligado para conflictos laborales de orden individual o colectivos deben estar acogidos a planes de gestión telemática, y no seguir obligando a trabajadores y profesionales a trámites presenciales para cada paso: presentación de papeletas de demandas por despido, cantidad, horas extraordinarias y declaración de derechos laborales, citaciones, comparecencias, actas con o sin avenencia”, explica el presidente.
“No tiene sentido que en pleno siglo XXI andemos todavía sellando fotocopias y personándonos en oficinas para realizar trámites que se pueden gestionar perfectamente on-line”, agrega el presidente de los graduados sociales, que pone “a disposición de la Junta de Andalucía nuestra experiencia y colaboración para planes de mejora tan necesarios como éste”. Según las estadísticas del CMAC, el número de conciliaciones ascendieron a 54.811 en el 2019 y en lo que transcurre hasta marzo del 2020 (del 01 al 13), se cuantifica en 12.364 asuntos, según datos publicados en la web se la Consejería.