El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo ha definido como como «un conjunto de reglas y pautas, unificadas y homogéneas, que permitirá a los agentes policiales una eficaz identificación, correcta recogida de datos y codificación de incidentes racistas, xenófobos o conductas discriminatorias», lo que mejorará la eficacia policial en la investigación y esclarecimiento de estos sucesos.
Grande-Marlaska, acompañado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, y el director del Gabinete de Estudios y Coordinación, José Antonio rodríguez, ha presidido el acto con el que el Ministerio del Interior se suma a la celebración del Día Europeo en Memoria de las Víctimas de los Delitos de Odio, instaurado por el Consejo de Europa a raíz de la masacre de Oslo y Utoya (Noruega) el 22 de julio de 2011, que provocó 77 muertos, en su mayoría adolescentes, y más de un centenar de heridos.
Al acto han asistido, entre otras autoridades, los directores generales y los directores adjuntos operativos de Policía Nacional y Guardia Civil, así como los integrantes de la comisión de seguimiento del Acuerdo de cooperación institucional para la lucha contra el racismo, la xenofobia, la lgbtifobia y la intolerancia, que engloba a numerosas instituciones del Estado.
En el acto, el ministro ha señalado que el delito de odio «es un ataque a la esencia de la condición humana porque pretende apartar de la sociedad a personas, grupos o comunidades por motivos relacionados con la negativa a asumir un principio nuclear del modelo democrático de convivencia social: que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos». Por esa razón, la víctima última es la sociedad en su conjunto, «porque busca dinamitar nuestro modelo avanzado de convivencia».
Para mejorar la actuación policial en este ámbito, el nuevo y actualizado Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio incluye una exhaustiva relación de conductas que vulneran tanto el ordenamiento penal como la regulación administrativa, así como un completo listado de los ‘indicadores de polarización’, indicios que permiten orientar la investigación de un delito para detectar posibles motivaciones racistas, xenófobas o de otra naturaleza.
Entre las novedades más destacadas, el documento fija el derecho de las víctimas a la protección, información, apoyo, asistencia, atención y participación activa en el proceso, por lo que deben ser informadas de la existencia de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, un servicio público y gratuito gestionado por el Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas con competencias en la materia, que pueden prestarles asistencia psicológica, acompañamiento en las diligencias judiciales y orientación sobre recursos sociales existentes.
En el caso de víctimas o testigos con discapacidad intelectual, el nuevo protocolo resalta la importancia de utilizar documentación en modo «lectura fácil» que les facilite el acceso a la misma y recuerda la existencia del «facilitador», figura que favorece la primera toma de contacto con los agentes y una comunicación eficaz entre la persona con discapacidad y los operadores policiales y jurídicos.
Campaña de sensibilización
Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad ha alertado de que, si bien es innegable el creciente protagonismo de los delitos de odio, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea considera que se trata de un fenómeno infradenunciado en una tasa que sitúa en torno al 80 por ciento, lo que se traduce en que de cada diez delitos de odio que se producen, las autoridades policiales, fiscales y judiciales solo tienen noticia de dos de ellos. Otros ocho, por tanto, quedan sin investigación e impunes.
Para revertir esta tendencia, la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de Odio del Ministerio del Interior ha estrenado una campaña de sensibilización en redes sociales que, bajo la etiqueta #AcabaConElOdio, pretende concienciar a ciudadanas y ciudadanos del riesgo que los comportamientos basados en el odio representan para el conjunto de la sociedad y de la importancia de que denuncien todos aquellos episodios de los que sean testigos.
«Los delitos de odio fracturan nuestra sociedad, no podemos ser meros espectadores, debemos reaccionar porque los delitos de odio victimizan a la sociedad en su conjunto y ciudadanas y ciudadanos debemos asumir la responsabilidad, el compromiso de denunciar aquellos episodios de los que tengamos conocimiento», ha defendido el secretario de Estado de Seguridad.
Pérez Ruiz ha presentado asimismo en el evento una nueva funcionalidad específica de la aplicación para móviles Alertcops, diseñada para facilitar una inmediata conexión con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el caso de ser víctima o testigo de un delito de odio, transmitir imágenes del suceso, acceder a información sobre esta tipología delictiva y confirmar, de manera sencilla, segura y telemática, la alerta ante un posible caso de discriminación ilícita.