Los grupos que conforman el Gobierno municipal llevan al Pleno una moción para que sea la administración autonómica, competente en la materia, la que se haga cargo de dicha inversión, “porque no es normal que la Junta plantee una serie de medidas y pretenda que sean los ayuntamientos los que paguen”
Los tres grupos políticos que conforman el Gobierno municipal (PSOE, IU y Ganemos) presentarán una moción al Pleno Ordinario del mes de julio, que se celebra mañana de forma telemática, para instar a la Junta de Andalucía a que asuma sus competencias en materia de Educación de cara a la vuelta a las clases en colegios e institutos de Chiclana el próximo mes de septiembre, teniendo en cuenta los protocolos de seguridad ante la pandemia del COVID-19. En este sentido, la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, ha destacado que, “ante las medidas de prevención, protección y vigilancia dictadas por la propia Junta de Andalucía el pasado 29 de junio, contábamos con que dichas medidas serían asumidas por la propia Junta desde el punto de vista económico, administración competente en materia educativa”. “Sin embargo, nos encontramos que la Junta no pretende asumir dichos gastos”, ha criticado.
“Así, ante las reivindicaciones de los distintos sectores de Educación y que han sido trasladadas a la Junta de Andalucía, no hemos obtenido respuesta alguna, por lo que nos hemos visto en la necesidad de presentar una moción al Pleno de mañana, de cara a su traslado a la administración autonómica”, ha expresado Cándida Verdier, quien ha añadido que “la propia FAMP ha valorado esta situación, indicando que estas medidas son insuficientes y, además, deben ser sufragadas por la Junta, en vez de por los ayuntamientos”.
Por ello, desde el Gobierno municipal plantearán mañana en Pleno que desde la Junta de Andalucía se cree un fondo de 1.500 millones de euros para medidas destinadas a hacer frente al COVID-19 en los centros escolares; se reduzca la ratio de alumnos por profesores, con el objetivo de preservar las distancias de seguridad recomendadas por el Ministerio de Sanidad; y que las medidas de seguridad e higiene sean asumidas económicamente por la Junta. “Lo que no vemos normal es que la Junta plantee una serie de medidas, pero que sean las entidades locales las que paguen, más aún cuando las competencias son exclusivas de la administración autonómica”, ha incidido.
Por su parte, la delegada municipal de Educación, Esther Gómez, ha destacado que “las demandas de la comunidad educativa como consecuencia de la inquietud generada por la actual situación se le trasladó directamente al delegado territorial de Educación, tras el Consejo Local que mantuvimos días atrás”. “Así, como equipo de Gobierno, nos comprometimos en dicho Consejo a trabajar de la mano de la comunidad educativa, porque hemos visto que este protocolo es un simple esquema, dejando a los propios centros la responsabilidad de afrontar esta situación”, ha comentado Esther Gómez, quien ha indicado que “los centros se sienten vacíos y con mucha incertidumbre, mientras que desde la Junta no hemos tenido respuesta en aquellos asuntos que le hemos planteado, entre ellos, la bajada del ratio o la brecha digital”.
Finalmente, el teniente de alcalde, Roberto Palmero, ha resaltado que “vamos a defender esta propuesta, no solo como administración afectada, sino también como familias que sufrimos la incertidumbre de qué va a pasar, pese a que estamos prácticamente ya en agosto”. “No solo no se están dando los medios a los ayuntamientos para poder actuar, sino que tampoco se están tomando medidas por parte de la Junta, lo cual es vergonzoso ante una pandemia como ésta”, ha lamentado Roberto Palmero, quien ha añadido que “tampoco se ha trabajado en el supuesto caso de que los alumnos tuvieran que volver a sus domicilios por un posible nuevo confinamiento”. “Solo pedimos una respuesta clara y contundente y esperemos que esta propuesta sea un punto de presión más para que la Junta de Andalucía actúe, con el objetivo de que podamos dejar a nuestros niños con tranquilidad”, ha concluido.