Las campañas que contrata la institución provincial son ordinarias y no pueden amparar un plan de choque frente a la fiebre del Nilo. La Junta sí está fumigando en municipios de Sevilla
Diputación mantiene el servicio para el control de mosquitos en La Janda. Pero se trata de una actuación ordinaria, que se renueva cada año, y que es diferente a lo que ahora se demanda desde la Junta de Andalucía: un plan de choque, frente a una situación sobrevenida, como es el brote de fiebre del Nilo Occidental. En estos términos se expresa el vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible, Mario Fernández.
Efectivamente Diputación adjudicó, a primeros de julio, el servicio de tratamiento para el control de mosquitos en la comarca de La Janda a la empresa Andaluza de Tratamientos de Higiene SA (Athisa), conforme a un presupuesto IVA incluido- de 82.998,26 euros, tras una licitación en la que concurrieron propuestas de seis sociedades. El contrato tiene un año de vigencia con posibilidad de prórrogas, por periodos de un año, hasta un límite de 36 meses. El servicio incluye dos etapas esenciales: una fase de prospección y diagnosis que se extenderá hasta el 30 de octubre, y una ejecución material la fumigación efectiva- que concluyó el 15 de septiembre, en cumplimiento del plazo autorizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca de la Junta de Andalucía para respetar el periodo reproductivo de las aves insectívoras.
Prácticamente cuando expiraba la fase de fumigación la Junta convocó una reunión, con participación de Diputación y los ayuntamientos de los municipios considerados como zonas de riesgo, en relación a los brotes de fiebre del Nilo occidental. Y en ese foro, y en comunicaciones posteriores, se quiere utilizar el servicio ordinario que contrata Diputación para ampliarlo y ofrecerlo como plan de choque en la nueva situación de crisis, resume Mario Fernández.
El vicepresidente segundo de Diputación defiende que la institución provincial no escatima esfuerzos de hecho encargó fumigaciones adicionales tras el encuentro con la Junta y los ayuntamientos- pero tampoco puede asumir en solitario una competencia ajena. El servicio contratado por Diputación comprende un ámbito geográfico muy determinado: arrozales, láminas de agua, antiguos depósitos e incluso vertidos localizados en Benalup-Casas Viejas, Vejer y Barbate . Además el tratamiento aplicado difiere, en su metodología, de lo que se requiere para un plan de choque.
Mario Fernández recuerda que Diputación, con las campañas anuales, confirma su vocación de asistencia a los municipios, si bien ese servicio no significa que la competencia en términos jurídicos- sea nuestra. El vicepresidente segundo de la institución provincial añade que hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un problema de salud publica, que trasciende el ámbito municipal y provincial, que requiere una respuesta homogénea y coordinada y de una vigilancia epidemiológica y de control de la sanidad animal con efectos sobre la salud humana. Todas ellas competencias de carácter autonómico.
En la provincia de Sevilla, donde se produjeron los primeros fallecimientos por el virus de la fiebre del Nilo Occidental, no se ha suscitado esa demanda a la Diputación Provincial ; lo que confirma que no es un asunto que sea competencia propia de la Diputación. De hecho ha sido la Junta de Andalucía la que terminó asumiendo la fumigación en los municipios sevillanos afectados. Esta aclaración no quiere decir que la Diputación de Cádiz renuncie a participar en un plan de choque, indica Mario Fernández, pero es la Junta la que debe pronunciarse en los aspectos prácticos: es decir, qué aporta en cuanto a medios técnicos y presupuesto.
En lo que respecta al servicio contratado este año, para el control de las poblaciones de mosquitos en La Janda, estamos obteniendo unos resultados muy positivos, con la práctica inexistencia de larvas en las zonas donde se han aplicado los tratamientos correctores. Los insecticidas utilizados son productos biocidas autorizados que no perturban el equilibrio ecológico y son inocuos para las personas así como para la fauna. Se ha optado por fumigaciones terrestres, al entenderse que son las más eficaces en el control de zonas concretas, en detrimento de los medios aéreos -prohibidos en núcleos urbanos y masas de agua- y de menor efectividad en zonas específicas.
La fase de prospección y diagnosis, en vigor hasta el 30 de octubre, permite estimar las densidades de las poblaciones de mosquitos, la taxonomía de los especímenes, la extensión de los focos, los factores ambientales que favorecen la proliferación de estos insectos, los porcentajes de mortalidad larvaria tras las fumigaciones, la dispersión alcanzada por ejemplares adultos, sus zonas de refugio y por supuesto la evaluación de la eficacia de los tratamientos.