Loaiza alerta de que el nuevo acuerdo defendido por el Gobierno supone la pérdida de más de 200 millones de euros para los agricultores gaditanos
El portavoz del Grupo Popular en Diputación Provincial, Pepe Loaiza, ha adelantado que llevará al pleno de mañana una moción en defensa de los agricultores de la provincia de Cádiz y rechazo ante los recortes y pérdidas que va a suponer la nueva PAC
Loaiza ha explicado que la intención del Grupo Popular es que la Diputación Provincial se hubiera adherido a la Declaración Institucional impulsada por todas las asociaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias, y que ya ha sido firmada por la Junta de Andalucía, en la que se recogen la preocupación y demandas del sector. Sin embargo, ha criticado que el PSOE gaditano se ha negado a su registro como Declaración Institucional y por ello el PP la llevará como propuesta del grupo.
Con esta iniciativa, los agricultores pretenden obtener apoyos para que “no se toque la PAC y rechazar el recorte del 10% de los fondos que está permitiendo el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias”. En concreto, ha explicado que el nuevo acuerdo supondría 5.000 millones menos de ayudas para el campo español, 1.200 de pérdidas para los agricultores andaluces y más de 200 millones de pérdidas para el campo gaditano. “Es algo que tenemos que intentar que se pare con la voz de todos , con la de los agricultores pero también de todas las instituciones para que el Gobierno de la Nación trabaje en Europa en la defensa de los intereses del campo”, ha reclamado Loaiza.
Además, ha alertado de que con la nueva PAC se cambian los criterios de reparto dando más autonomía a los gobiernos nacionales lo que va a suponer un ataque para los agricultores y ganaderos andaluces, “ ya que lo propone el Ministerio de Agricultura es reducir el número de regiones agrícolas algo que beneficia sobre todo a los socios de Pedro Sánchez pero perjudica a Andalucía; además eliminar las ayudas directas y derechos establecidos con lo que se estará quitando dinero a agricultores que verdaderamente trabaja la tierra y se le estará dando a otros que probablemente poco o nada la hayan trabajado”
El portavoz popular ha denunciado que la reducción de las cuantías en nuestra tierra será de un 32% e incluso mayor en el tema del olivar “lo que al final va a generar un problema de despoblación ya que los agricultores se verán obligados a abandonar las tierras de cultivo ante la falta de rentabilidad de las explotaciones”.
Por ello, Loaiza ha pedido al PSOE que apoye esta declaración institucional, “redactada por las asociaciones agrarias, porque de lo contrario estaría abandonando a los agricultores gaditanos y ese abandono sería una traición”.
Además, ha indicado que el Grupo Popular también lleva a pleno otra moción en contra de la Okupación Ilegal de Viviendas y la defensa del derecho a tener una vivienda sin que sea perturbada.
El portavoz popular ha manifestado que “se trata de defender a todos ya que es un problema cada vez con mayor incidencia, que puede afectar a cualquier ciudadano y no se puede contraponer con el derecho a tener una vivienda. En un estado de derecho son las administraciones las que tienen que ofrecer y poner los medios para que los ciudadanos tengan una vivienda digna, pero no se puede conculcar la ley y el derecho a la propiedad privada”.
Loaiza ha incidido en la campaña antiokupación puesta en marcha por el PP en la provincia de Cádiz con la que se han recogido firmas de apoyo a la propuesta de Ley presentada por el PP y que aboga para que se establezcan los mecanismos que permitan desalojar una vivienda ocupada de forma ilegal en 12 horas, que se pene con cárcel tanto la ocupación ilegal de viviendas con violencia como la incitación a la ocupación; y que se defienda la convivencia y la seguridad ante los casos de altercado generado por okupas.
Según consta en una respuesta parlamentaria ofrecida por el Gobierno a una iniciativa registrada por el Partido Popular, el número de okupaciones ilegales en la provincia creció el año pasado en un 22% hasta alcanzar las 383, mientras que en el primer semestre de 2020 se han presentado ya 200 denuncias lo que apunta que la situación se agravará aún más a lo largo de este año.