Últimamente se han sucedido dos sentencias en las que se obliga a la Diputación a reconocer como personal indefinido propio a nueve trabajadores de empresas externas
La sección sindical de CSIF en la Diputación provincial de Cádiz reclama a los responsables de esta institución que lleven un mayor control sobre la contratación de servicios externos para evitar nuevas condenas por cesión ilegal de trabajadores, como las que se han sucedido últimamente (una en marzo y otra en octubre de este año). En concreto, la última sentencia obliga a la Diputación a admitir como personal indefinido propio a cinco trabajadores (en marzo fueron otros cuatro) que realizaban tareas de Recaudación en la empresa Asesores Locales.
Para CSIF, esta situación, además de una merma considerable en el presupuesto destinado a contratación de nuevos empleados que pertenecen a la Bolsa de 2018 de Ayudantes de Recaudación, supone “una clara discriminación y un grave perjuicio” entre aquellas personas que, habiéndose presentado a un proceso selectivo que cumple con la legalidad, se han quedado fuera, aun teniendo mayor puntuación que el personal de la empresa externa (en su mayoría no pasaron las pruebas y otros ni siquiera se presentaron a las oposiciones). Para colmo, los trabajadores que se incorporan ahora a Diputación desarrollarán funciones distintas a las que se encontraban realizando, puesto que dichas funciones ya no existen en el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria (SPRYGT). De hecho, fueron despedidos por Asesores Locales precisamente por este motivo y de ahí que llevaran su despido ante los tribunales, consiguiendo estas sentencias a su favor.
Esta sección sindical recuerda que el Ministerio de Hacienda y Administraciones a través de instrucciones precisas (Instrucciones sobre Buenas Prácticas para la Gestión de las Contrataciones de Servicios), insta a las Administraciones Públicas a usar los mecanismos necesarios a fin de evitar situaciones como la expuesta anteriormente en lo que a cesión ilegal de trabajadores se refiere.
Ante esta situación, CSIF insta a los responsables políticos de la Diputación de Cádiz a vigilar por medios propios o externos que no sucedan hechos similares (hay más demandas de cesión ilegal de trabajadores pendientes de resolución), a que realicen auditorías externas que estudien el desarrollo de los contratos de servicios, y que lleven a cabo una defensa especializada para poder representar adecuadamente los derechos de los trabajadores que accedan a la función pública conforme a los principios constitucionales y por último, que se asuman las responsabilidades oportunas a quien ha ocasionado este gravísimo perjuicio a la institución provincial y a los trabajadores que sí realizaron las pruebas de acceso a través del procedimiento selectivo pertinente.