El partido Adelante Andalucía en Cádiz se encuentra nuevamente ante una nueva denuncia, la decimoctava en total, como parte de lo que describen como un intento sistemático de ‘lawfare’ contra el anterior equipo de gobierno liderado por José María González ‘Kichi’. Estas acciones judiciales, todas archivadas hasta la fecha, representan una estrategia para judicializar la vida política y obstaculizar el trabajo municipal, según denuncian desde el partido.
El enfoque principal de esta última denuncia, como explican desde Adelante Andalucía, recae en una investigación inicial promovida por la que fuera delegada sindical de la Policía Local, con el respaldo de excargos designados por el Partido Popular en el anterior gobierno municipal. Se cuestiona el papel de un asesor externo que brindaba apoyo al alcalde y a los concejales, señalando aspectos como su ubicación en el trabajo y el suministro de medios materiales, aspectos que el partido aclara haber facilitado en su totalidad.
Desde Adelante Andalucía defienden que la contratación de este asesor externo, Fernando Acuña, estuvo motivada por la necesidad de mejorar el trabajo institucional en el Ayuntamiento, en un acto de responsabilidad con la ciudad y sus habitantes. Sin embargo, consideran que este nuevo caso es parte de un patrón más amplio, donde la derecha intenta minar la estabilidad de los gobiernos de izquierda mediante acciones judiciales.
El proceso legal, que lleva tres años en curso, ha sido descrito como lento y lleno de obstáculos, pero se espera que termine archivado como las denuncias anteriores. A pesar de esto, Adelante Andalucía lamenta el daño que estas acciones pueden infligir a la reputación de José María González y del partido en general. La coincidencia de este caso con otras controversias políticas, tanto a nivel regional como nacional, resalta la urgencia de abordar el problema del ‘lawfare’ en la esfera pública.