El candidato de Adelante Andalucía por Cádiz, Ricardo Sánchez, ha mantenido una reunión con representantes del colectivo de arqueólogos en la provincia para conocer las dificultades de estos profesionales para desarrollar su labor en la provincia de Cádiz. Tal como ha explicado Virginia Pinto, decana del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias que engloba también esta actividad, “la administración está acabando con esta profesión y lo único que queremos es trabajar”. Pinto lamentó que “este trabajo no esté reconocido como profesión de manera que no tenemos derechos básicos, como las enfermedades laborales”. Así, “la mayoría somos autónomos, sin ninguna protección real porque no estamos reconocidos y a los pies de los caballos porque trabajamos para las administraciones”. Otro de los graves problemas que evidenció es la tardanza en la concesión de una autorización, de manera que “si pedimos una autorización en enero para una semana de trabajo, nos la dan hasta marzo. Tres meses para una semana de trabajo”.
En este sentido, el candidato de Adelante Andalucía quiso poner el foco en “el estropicio, el reglamento absurdo y los graves impedimentos de la Junta de Andalucía para desarrollar el estudio de nuestros restos arqueológicos y poder protegerlos”. Sánchez agradeció a la decana poder compartir impresiones en este encuentro en el que dejó claro el apoyo de Adelante Andalucía a sus reivindicaciones. Lamentó “la desidia y el desinterés” de la Junta por el patrimonio de la provincia. “Lo vemos en muchos de nuestros territorios o en la puesta en marcha las cartas arqueológicas”. Por eso, reclamó “la dignificación de la profesión, pues son autónomos al servicio de la administración que hacen una labor de protección de un bien público y requieren unas condiciones laborales justas y, por otro lado, para que nuestro patrimonio no tenga ese freno por parte de la Junta”. Para el candidato de la confluencia de izquierdas es “sorprendente que sólo hay una inspectora de arqueología de Cádiz, lo que viene a demostrar que la Junta no quiere poner en marcha su obligación de vigilancia, control y mejora de un patrimonio que es de todos y todas”.