El consejo de administración de la empresa municipal Aguas de Cádiz (ACASA) ha aprobado la constitución de una comisión ejecutiva delegada por el propio Consejo en materia de investigación de las actuaciones de la sociedad que puedan afectar a la imagen y reputación de ésta, entre otras, las relaciones con el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa.
La constitución de esta comisión ha sido aprobada con los votos a favor de los tres consejeros de los partidos del Equipo de Gobierno (Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común) y de los tres consejeros del PSOE y la abstención de los tres representantes del Partido Popular.
Cabe recordar que a la luz de las informaciones publicadas a inicios de la pasada semana, el presidente de Aguas de Cádiz, Álvaro de la Fuente, anunció que se convocaría este consejo para que el portavoz del grupo municipal popular, Ignacio Romaní, ofreciera en el seno del mismo explicaciones sobre dichas noticias que atribuían un pago por parte de la empresa municipal de 42.000 euros al Observatorio que dirigía el director de la tesis del ex presidente cuando estaba al frente de la sociedad. Y asimismo, el pasado viernes, tras nuevas informaciones sobre este asunto y al no existir constancia en Aguas de Cádiz de los trabajos que, según dicen los papeles y las facturas, se realizaron por parte del Observatorio en beneficio de la empresa municipal, De la Fuente comunicó que se propondría en el consejo de administración de hoy la constitución de una comisión de investigación sobre la relación de la sociedad con el director de la tesis de Romaní.
Este consejo se ha iniciado con la entrega por parte de la Presidencia de Aguas de Cádiz de la información en relación a las informaciones que han ido apareciendo en los diferentes medios de comunicación desde la semana pasada sobre la posible relación de la empresa municipal cuando era presidida por Ignacio Romaní con el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa, que dirigía Carlos Guillén, tutor de la tesis doctoral del propio Romaní.
Los consejeros socialistas han solicitado que se amplíe la información propocionada con contratos, convenios, facturas o correspondencia a la vez que han pedido «explicaciones sobre el criterio que se siguió para para la supuesta contratación de los servicios del observatorio, y si existe alguna relación entre dicha contratación y el hecho de que Carlos Guillén fuera el director de tesis de Ignacio Romaní en ese mismo periodo de tiempo”, ha manifestado la consejera Mara Rodríguez.
Rodríguez ha mostrado su extrañeza con el informe dado a conocer por el propio Carlos Guillén, que presenta únicamente una memoria del año 2014, preguntándose «si el observatorio comenzó a cobrar en 2011, no entendemos que sólo aporte un estudio con datos y fecha de 2014”.
Por su parte los populares, además de requerir por escrito copia del expediente relacionado con el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la Empresa (OARSE) también han solicitado los expedientes completos de tramitación de todas las ayudas o colaboraciones otorgadas desde la constitución de la empresa hasta la fecha.
Además, Romaní ha sido interpelado con una treintena de preguntas al respecto, la mayor parte formuladas por la consejera socialista Mara Rodríguez, lo que para los populares «demuestra la mala fe» de los consejeros del Equipo de Gobierno. El consejero popular Romaní ha contestado “con todos los datos que puedo, teniendo en cuenta que solo he accedido a publicaciones de prensa”, algo que no ha satisfecho alos consejeros del resto de partidos.
A la luz de la documentación y de las explicaciones ofrecidas por el popular, el consejo, con la abstención de los tres consejeros del PP, ha aprobado, con dos tercios de los votos, la creación de esta comisión ejecutiva delegada del propio consejo para la investigación de las actuaciones de la sociedad que puedan afectar a la imagen y reputación de ésta, entre otras, las relaciones con el Observatorio Andaluz de Responsabilidad Social de la empresa municipal. Cada grupo representado ha elegido como representante al concejal del mismo que forma parte del consejo, incluyendo al propio Ignacio Romaní.
A la salida del consejo Romaní se ha escudado en que el pasado marzo la Fundación de Aguas de Cádiz aprobó con el voto favorable del actual presidente y el resto de patronos el informe de gestión, las cuentas anuales y e inventario de los ejercicios de los años 2015, 2016 y 2017. En las cuentas de ese primer año está la última de las ayudas concedidas a la investigación y la formación al OARSE, sin que en la aprobación de las mismas se reseñara reparo alguno por parte de la actual gerencia o el presidente de las mismas.