No le han concedido ni tiempo ni una alternativa habitacional a una madre en exclusión, con problemas de salud y con menores a su cargo
Adelante Izquierda Gaditana exige la dimisión del teniente de alcalde delegado de Asuntos Sociales, Pablo Otero, y de la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán, ante el desahucio de Tamara Manzano, una madre en exclusión, víctima de violencia machista, con problemas de salud y con dos hijas menores a su cargo que entró a vivir en una vivienda deshabitada de la empresa municipal Procasa.
A pesar de que el Ayuntamiento le reconoce su condición de persona “vulnerable”, desde las delegaciones de Asuntos Sociales y Vivienda la han hostigado hasta producirse el triste desenlace del día de hoy. Y ello pese a que existe un protocolo que concede tiempo y obliga, en caso de existencia de vulnerabilidad, como es el de esta persona, a proporcionarle una alternativa habitacional.
Desde AIG se venía reclamando que se prorrogara la suspensión de los procedimientos de desahucio, a la vez que se ha exigido a Bruno García y a su equipo de Gobierno que se preocuparan por este asunto y buscaran “una solución de inmediato” para esta familia. “Pero desgraciadamente -lamentan- nada de esto ha hecho el alcalde que se autodenomina el más social”. “El Cádiz de Bruno García se está convirtiendo en una ciudad que pone alfombra roja a especuladores y constructoras de lujo mientras expulsa a las familias”.
Así, ante “esta pasividad y falta de humanidad con esta madre vulnerable”, la coalición de izquierdas mantiene que las personas responsables de Asuntos Sociales y de Vivienda de esta ciudad “no pueden seguir ostentando tales cargos”. “Se les pedía tiempo y una alternativa no sólo desde esta formación, sino también desde los colectivos sociales, tal y como les ha reclamado en persona la propia afectada, y no han sido capaces siquiera de ello. Se les debería caer la cara de vergüenza”.
Por último, desde Adelante Izquierda Gaditana lamentan que la ciudad de Cádiz vuelva a ser noticia por desahucios. “El PP dejó una ciudad con más de 280 desahucios al año y, en menos de la mitad de un mandato, ya han vuelto los desahucios desde una vivienda municipal”.
