El alcalde de Cádiz, José María González y el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, han abordado hoy en una reunión de trabajo la problemática de la vivienda y la infravivienda en la capital gaditana. Ambos dirigentes han coincidido en afirmar que cualquier hoja de ruta que se establezca para solucionar este grave problema debe pasar por la búsqueda de financiación, el consenso entre administraciones y sociedad civil y la constancia.
Así, el alcalde ha señalado que el “hecho de que existan más de 6.000 demandantes de vivienda” es fruto del “fracaso de la políticas desarrolladas durante los últimos 15 años” en el que “las administraciones, tanto la local como la regional, han buscado más el anuncio que la colaboración mutua”. Es por esto por lo que ha destacado la buena sintonía que existe entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, tras la visita de la presidenta Susana Díaz, en el que se estableció un calendario de reuniones con distintos consejeros, entre ellos el de Vivienda.
Durante la visita institucional realizada esta mañana por el Defensor del Pueblo Andaluz, José María González ha solicitado a Jesús Maeztu, que actúe como impulsor de las políticas de vivienda que se están desarrollando desde el Ayuntamiento y que van en la línea de la recuperación, por parte del Estado y de la Junta de Andalucía, de la eliminación de las infraviviendas, de las ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías, la inclusión en las ARRUs de viviendas y solares de parque público municipal o la financiación a los municipios para las ayudas al alquiler.
José María González ha explicado que todas estas medidas se podrían recoger mediante la firma de un convenio programa específico para la ciudad de Cádiz “ante la problemática tan específica y tan grave que sufre la capital gaditana”.
González, quien ha agradecido el interés del Defensor del Pueblo Andaluz por esta situación “de emergencia que padece la ciudad de Cádiz” ha subraya la situación peculiar de la ciudad y la especial dificultad “debido al elevado índice de desempleo, y escasez y carestía de suelo, que han generado, según datos del Registro de Demandantes de Vivienda, una demanda de vivienda protegida y social cuatro veces mayor que la media andaluza”.
El alcalde ha detallado el avance en la solución del problema de la vivienda de la ciudad ha sufrido grandes obstáculos entre los que se encuentran el cierre de la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de la Junta de Andalucía, la falta de medidas para que los promotores públicos puedan financiar la construcción o rehabilitación del patrimonio o la falta de convocatoria de ayudas públicas para el alquiler.
Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha destacado la necesidad de que los organismos públicos impulsen de forma conjunta y coordinada medidas concretas y una hoja de ruta que contemple medidas y herramientas que “nos hagan salir de esta situación”. Maeztu ha explicado que la reunión celebrada hoy viene después que en el pasado mes de enero se reuniera con la Junta de Andalucía para saber cuál era su postura ante el problema de la vivienda en Cádiz y “conocer las herramientas y gestos que plantean”.
Tras estas dos reuniones, desde la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, se realizará un dictamen en el que se propondrá un diseño del trabajo durante los próximos meses y años “que sea capaz de acabar con este grave problema de la vivienda y de la infravivienda”, ha explicado Maeztu.
Así, ha señalado que toda hoja de ruta que se diseñe debe pasar por el consenso, en el que ya se ha avanzado con la creación y reunión de la Mesa Tripartita de Vivienda. “Es tal la responsabilidad que no podemos caminar por separado. El problema nos une y la emergencia nos obliga a trabajar juntos”, ha apuntado. Además, ha señalado como parte imprescindible en esta hoja de ruta la financiación, “puesto que hay que ser realista” y por último la constancia “porque se requieren de medidas a medio y largo plazo que no pueden caer en el olvido”.