El Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía acumula en los últimos tres años un crecimiento cercano al 10% (9,7%) y cerrará el ejercicio 2018 en 166.000 millones de euros, «el PIB más alto de nuestra historia«, según ha afirmado el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano. Durante su participación en el desayuno coloquio de La Voz de Almería, ha subrayado que en este periodo la economía andaluza ha registrado un crecimiento medio anual del 3,1%, en línea con la media nacional y un punto por encima del promedio de la Zona Euro.
Asimismo, ha explicado que este crecimiento se ha traducido en una importante generación de empleo, situando a Andalucía como la comunidad que más empleo ha creado en términos absolutos, con un incremento superior a los 420.000 ocupados en los últimos cinco años. «Los datos muestran que Andalucía ha seguido una senda de crecimiento muy notable, respecto al resto de España», ha subrayado.
El consejero ha apuntado a los tres factores que explican la evolución del modelo económico andaluz: internacionalización, innovación e inversiones. Concretamente, ha recordado que Andalucía es la segunda comunidad en volumen de ventas al exterior, una posición que se ha consolidado en el primer cuatrimestre del año, con más de 11.000 millones de euros exportados. «Andalucía es una potencia exportadora», ha manifestado.
Asimismo, Ramírez de Arellano ha defendido la importancia de la recuperación de los salarios para la reactivación de la economía y el impulso de la competitividad. En este sentido, se ha referido al acuerdo suscrito la pasada semana con los sindicatos, con el que se consolida la calidad del empleo público en el ámbito de la Junta de Andalucía a través de medidas orientadas a la recuperación de salarios, implantación de la jornada de 35 horas o el reconocimiento de nuevos derechos, con un importante paquete de medidas de conciliación con las que Andalucía sigue marcando el camino al resto de España.
El consejero ha cerrado su intervención, insistiendo en la necesidad que tiene la comunidad autónoma de contar con unas inversiones productivas y un sistema de financiación suficientes para garantizar de manera correcta las competencias de la comunidad en materia de servicios públicos y, con ello, la cohesión social y la convergencia.