Andalucía blindará la bonificación de matrículas universitarias y ampliará las ayudas a la vivienda en su nueva Ley Universitaria

El proyecto de Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) refuerza los derechos del estudiantado con medidas como la desconexión digital, la suspensión temporal de estudios y una mayor participación en la gestión universitaria.

El Gobierno andaluz ha remitido al Parlamento el proyecto de Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), una norma que amplía los derechos del estudiantado y refuerza el compromiso de la Junta con la igualdad de oportunidades en la educación superior. Entre las novedades más destacadas, la ley protege la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula y contempla ayudas específicas para el acceso a la vivienda universitaria, así como otras medidas orientadas al bienestar y la participación del alumnado.

La bonificación de matrículas, recogida en los artículos 32 y 35 del proyecto, quedará reconocida por ley como un derecho consolidado. En 2025, esta medida cuenta con una dotación de 43,66 millones de euros y busca fomentar el rendimiento académico y reducir el abandono por motivos económicos, garantizando que los jóvenes andaluces puedan completar su formación universitaria.

Además, la futura ley introduce la posibilidad de solicitar periodos de suspensión temporal de estudios, adaptados a la normativa de cada universidad, y reconoce el derecho a la desconexión digital, así como a la conciliación entre la actividad académica y deportiva, especialmente en el caso de deportistas de alto nivel o rendimiento.

Otro de los avances significativos de la LUPA es el fomento de programas de movilidad estudiantil, tanto dentro como fuera de Andalucía, priorizando la cobertura de Erasmus+ y otras iniciativas de intercambio que contribuyan a una formación integral y a un mayor conocimiento del entorno social, cultural y académico.

En materia de vivienda, la norma contempla programas de actuación conjunta entre universidades e instituciones públicas para facilitar el acceso del estudiantado a residencias universitarias, una medida inédita en la actual Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Además, se establece que los programas de becas y ayudas deberán incluir, entre sus líneas de apoyo, subvenciones relacionadas con el alojamiento.

El texto también aborda la cobertura inmediata de la docencia en caso de vacantes, garantizando la continuidad de las clases mientras se tramitan los procesos de contratación, como recoge el artículo 38.6 del documento.

En cuanto a la participación estudiantil, la LUPA amplía su presencia en la gestión universitaria. Los rectores, decanos y directores de escuelas y departamentos serán elegidos mediante sufragio universal ponderado, lo que refuerza la democracia interna en las universidades andaluzas. El rector será elegido por un único mandato de seis años, mientras que los titulares de facultades y departamentos se escogerán también mediante voto directo entre los miembros de la comunidad universitaria.

Asimismo, se amplían las funciones del Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios de Andalucía, órgano colegiado de consulta y asesoramiento que velará por los derechos del alumnado. Este consejo podrá informar sobre proyectos normativos, valorar políticas universitarias que afecten al estudiantado y designar representantes en distintos órganos colegiados de la comunidad universitaria.

Con esta nueva ley, la Junta de Andalucía busca modernizar el sistema universitario andaluz, fortaleciendo la autonomía académica, la participación estudiantil y el compromiso social de las universidades. La LUPA sitúa al estudiantado en el centro de la política universitaria, reconociendo su papel activo en la transformación del sistema educativo y su vinculación con los objetivos de sostenibilidad, equidad y excelencia.