Funcionarios, jueces y fiscales anuncian huelgas que van a generar “el caos absoluto en detrimento de los derechos de acceso a la Justicia de los ciudadanos”
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, José Blas Fernández Sánchez, ha expresado hoy la preocupación de este colectivo de más de 9 mil operadores jurídicos ante el anuncio, a partir del 22 mayo, de huelga indefinida de los funcionarios de la Administración de Justicia, un conflicto que se suma al reciente de los LADs y que va a suponer el “colapso absoluto de los juzgados”.
La preocupación de estos profesionales que operan en los tribunales de Justicia, en el ámbito Social y Mercantil, “es enorme, máxime cuando los jueces y fiscales también han anunciado su intención de ir a la huelga a partir del día 16, una situación nunca vista en nuestro ámbito”, asegura José Blas Fernández.
El presidente de los graduados sociales cree que el deterioro de la Justicia “ha tocado fondo después de décadas en la que no se han adoptado medidas ni mejoras en una actividad esencial para nuestro estado de derecho”, agrega. La Justicia es “un caos, absolutamente colapsada y que está generando todo lo contrario a nuestros derechos constitucionales: la indefensión de los ciudadanos y los justiciables”.
“Con todos los respetos que conlleva la huelga para cada sector, no es de recibo para los profesionales del Derecho que tengamos que vernos afectados tan gravemente por estas circunstancias. Nuestros despachos no pueden cerrar, tenemos personal que soportar económicamente, mientras los juicios están parados, las sentencias congeladas y su aplicación paralizada. Un caos absoluto en detrimento de los derechos esenciales de acceso a la Justicia de cualquier ciudadano”, incide el presidente de los graduados sociales andaluces.
“El Gobierno de España debe actuar de inmediato porque los efectos de estas huelgas van a ser insostenibles para los operadores jurídicos. Nos preocupa enormemente cómo y cuándo se soluciona un problema de esta envergadura de parálisis en una administración que forma una de las tres patas de nuestra democracia”, sostiene.
La situación de los juzgados andaluces, con acumulación de casos, retrasos de dos años en los señalamientos y vistas, falta de nombramiento de jueces y la consecuente desprotección de los justiciables nos deja “totalmente desprotegidos. En el Orden Social, hablamos de casos que afectan a trabajadores y empresas, de cuya resolución dependen asuntos de índole laboral que afectan a personas que quedan en una situación precaria, esperando años una sentencia que aclare las condiciones de su despido o una pensión”, añade José Blas Fernández.