Andalucía presentará alegaciones al decreto de centros de datos por sus requisitos energéticos

La Junta sostiene que el decreto de centros de datos puede afectar a más de 20 proyectos en la comunidad, con inversiones superiores a 10.000 millones de euros, y reclama criterios adaptados a las condiciones climáticas de cada territorio.

La Junta de Andalucía presentará alegaciones al proyecto de Real Decreto sobre centros de datos elaborado por el Gobierno de España, al considerar que algunos de sus requisitos energéticos, hídricos y de eficiencia pueden perjudicar la implantación de estas infraestructuras en la comunidad. Según el Ejecutivo autonómico, el decreto de centros de datos afectaría a más de 20 proyectos previstos en Andalucía, que suman una inversión superior a 10.000 millones de euros.

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, anunció la decisión durante una visita a las obras del nuevo Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Junta en Sevilla TechPark. La Administración andaluza plantea que la regulación incorpore la participación de las comunidades autónomas y tenga en cuenta las diferencias climáticas y territoriales.

El proyecto estatal establece que los nuevos centros de datos de más de un megavatio deberán cumplir determinados estándares de eficiencia energética. Entre las medidas previstas figura que, al menos, el 80% de su consumo eléctrico proceda, hora a hora, de nueva generación renovable, además de requisitos relacionados con el uso del agua, la resiliencia de las instalaciones y la soberanía digital.

La Junta no cuestiona la aplicación de estándares ambientales a estas infraestructuras, pero considera que unas condiciones uniformes pueden tener efectos distintos según el territorio. En el caso andaluz, sostiene que las temperaturas más elevadas incrementan las necesidades técnicas para refrigerar los centros y dificultan el cumplimiento de algunos indicadores en comparación con zonas de clima más templado.

Entre las alegaciones, el Gobierno andaluz propondrá que el objetivo del 90% de generación de energía renovable se calcule por comunidades autónomas y no únicamente en el conjunto nacional. Su planteamiento es que la producción renovable de Andalucía pueda compensar las mayores necesidades de refrigeración derivadas de sus condiciones climáticas.

Nieto defendió que la evaluación de estas instalaciones no se limite a su consumo eléctrico y que se tenga también en cuenta su capacidad de computación. A juicio del consejero, la planificación de los centros de datos debe abordarse conjuntamente desde las políticas energética, industrial y digital, debido a su relación con el desarrollo de la inteligencia artificial y los servicios en la nube.

La Junta también solicitará que la normativa española se ajuste al calendario regulatorio europeo para evitar cambios posteriores en las exigencias aplicables. Además, pedirá un régimen transitorio para los proyectos que ya se encuentran en tramitación y criterios de eficiencia energética e hídrica que contemplen las características de cada comunidad.

El Ejecutivo autonómico sostiene que las condiciones incluidas en el texto pueden reducir la capacidad de Andalucía para atraer grandes centros de datos, pese al peso de la comunidad en la generación renovable. Esta valoración coincide con las objeciones planteadas por Aragón y Extremadura, cuyos gobiernos también han anunciado alegaciones y han solicitado una mayor intervención de las comunidades en la elaboración de la norma.

Entre los proyectos andaluces afectados se encuentra una iniciativa declarada de interés estratégico por la Junta en Málaga. La instalación contempla una inversión de 1.257 millones de euros, un consumo eléctrico de 150 megavatios y una potencia tecnológica o IT de 100 megavatios.

El anuncio de las alegaciones se produjo durante la visita al nuevo CPD que la Agencia Digital de Andalucía construye en Sevilla TechPark. Las obras han alcanzado el 33% de ejecución y la previsión de la Junta es que la infraestructura entre en funcionamiento en junio de 2027.

El proyecto cuenta con una inversión de 36 millones de euros y ocupa una superficie de 5.150 metros cuadrados, con 6.240 metros cuadrados de edificabilidad. Comenzará con capacidad para 416 racks y una potencia IT de 2,24 megavatios, aunque podrá ampliarse hasta 624 racks y 3,35 megavatios.

La instalación está diseñada para albergar servicios de nube híbrida, inteligencia artificial, big data y computación cuántica. La previsión autonómica es que disponga de un equipo de aproximadamente 140 profesionales especializados.

El complejo incorporará más de 20.000 metros cuadrados de instalación fotovoltaica y empleará un sistema de refrigeración mediante gas en lugar de agua. La Junta calcula que permitirá reducir un 75% las emisiones de dióxido de carbono respecto a sus actuales centros corporativos.

Este CPD se integrará en la red de infraestructuras tecnológicas autonómicas junto al Centro de Ciberseguridad de Málaga y el Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía, situado en Granada. La Junta vincula estas instalaciones con la gestión de sus sistemas digitales y con el desarrollo de servicios avanzados relacionados con la inteligencia artificial, la computación en la nube y la ciberseguridad.