Andalucía reclama al Estado una reforma profunda para garantizar el acceso a la vivienda
La consejera Rocío Díaz defiende en el Senado una nueva Ley del Suelo, cambios frente a la ocupación ilegal y la derogación de la actual Ley Estatal de Vivienda
La Junta de Andalucía ha reclamado este lunes al Gobierno central una reforma estructural de la legislación estatal para facilitar el acceso a la vivienda. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha comparecido en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde ha pedido una nueva Ley del Suelo, una normativa estatal contra la ocupación ilegal y la derogación de la actual Ley Estatal de Vivienda, a la que ha responsabilizado de «la caída histórica en la oferta de alquiler» y del «incremento desbocado de los precios».
Díaz ha defendido el modelo andaluz de políticas de vivienda como alternativa a las “medidas erráticas” del Gobierno central y ha urgido la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Vivienda, que lleva más de siete meses sin celebrarse, pese a la necesidad de coordinar asuntos clave como el reparto del Plan Estatal.
Durante su intervención, la consejera ha destacado que Andalucía ha impulsado en los últimos años más de 13.000 viviendas de protección oficial a través del Plan Vive, además de avalar la compra de vivienda para más de 1.700 jóvenes con el programa Garantía Vivienda Andalucía. También ha subrayado que 250.000 andaluces se han beneficiado de rebajas fiscales en este ámbito, con un ahorro global estimado de 460 millones de euros.
Asimismo, Díaz ha anunciado que la Junta trabaja en una nueva Ley andaluza de Vivienda que llegará al Parlamento tras el verano y que se centrará en aumentar la oferta y reducir los precios. Algunas de sus líneas ya están vigentes tras la aprobación en febrero de un decreto-ley que prevé la construcción de 20.000 viviendas protegidas en cinco años. Entre las medidas ya activas se incluye la transformación de suelos de uso turístico y de oficinas en suelos residenciales, el aumento de densidad edificatoria en parcelas para vivienda libre si se destinan a protección oficial, y la creación de una bolsa pública de suelo para VPO.
En su intervención, la consejera también ha abordado el problema de la ocupación ilegal. Díaz ha reclamado una legislación estatal que permita desalojos exprés y ha puesto en valor el sistema de información y asesoramiento creado por la Junta para prevenir desahucios y combatir la okupación. Según Díaz, la seguridad jurídica es clave para garantizar la convivencia y proteger tanto a propietarios como a inquilinos.
En resumen, Rocío Díaz ha reivindicado que el modelo andaluz de vivienda “sin etiquetas” apuesta por soluciones realistas que alinean a las instituciones, el sector y la ciudadanía para garantizar el derecho a una vivienda digna. “Desde Andalucía vamos a seguir colaborando, pero también exigiendo”, ha concluido.
