La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz ha comunicado este martes a las partes que ha fijado para el próximo 24 de octubre el inicio de la vista oral del denominado ‘caso Emvicesa’, por el que sentarán en el banquillo para enfrentarse a un total de 280 años de cárcel, los que pide la Fiscalía para ellos, 54 políticos, empleados públicos y ciudadanos de Ceuta acusados de participar de una u otra forma en la adjudicación irregular de parte de dos promociones de 487 viviendas sociales en la ciudad autónoma.
El macrojuicio comenzará más de seis años y medio después de la detención en Marbella por agentes de la Policía Nacional del exgerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Ceuta (Emvicesa) y exdiputado autonómico del PP, Antonio López.
El Ministerio Público reclama para él 26 años de prisión (con accesorias de multa de 5,9 millones de euros e inhabilitación por diez años) como presunto «cabecilla de la red» por los supuestos delitos de prevaricación continuada, falsedad de documentos en concepto de autor e inductor, cohecho continuado, promotor y director de organización criminal y blanqueo continuado de capitales.
También se sentarán en el banquillo para hacer frente a solicitudes de penas de entre quince y trece años de cárcel cinco trabajadores de la sociedad municipal y cuatro políticos que ya han dejado la vida pública y para los que se piden entre once y dos años de prisión: dos exconsejeras de Fomento y Asuntos Sociales del Gobierno regional del PP, Susana Román y Rabea Mohamed; el que fuera líder de la oposición en la Asamblea, Mohamed Ali; y el entonces gerente del PP de Ceuta, Jesús González Barceló.
Todos ellos serán juzgados como presuntos partícipes de la «organización criminal» que López habría tejido «con el ánimo de enriquecerse ilícitamente y prevaliéndose de su cargo» para «articular un sistema de adjudicación de viviendas de promociones públicas subvencionadas por la Ciudad Autónoma al margen del procedimiento legalmente previsto, a cambio de determinadas cantidades de dinero y sin valorar los requisitos necesarios para su adjudicación o haciéndolo de manera torticera».
A peticiones de condena de entre 11 y 9 años de prisión se enfrentarán cinco «intermediarios» señalados por la Fiscalía como «captadores de clientes» para López.
Finalmente, tres años de cárcel por cohecho reclama la acusación para cada uno de los 39 particulares identificados como pagadores de hasta 20.000 euros por conseguir la adjudicación de una vivienda en beneficio propio o de allegados.
La instrucción del caso se cerró a finales de 2018 con un auto en el que la jueza responsable dio por «sabido» que el que fuera gerente de Emvicesa y sus «captadores» formaban «una organización criminal» en la que cuando los segundos «tenían a un particular interesado en la vivienda, lo ponían en conocimiento del cabecilla, quien, por su cargo, lograba que ingresaran en la lista de adjudicatarios» aunque no cumpliesen los requisitos o les entregaba «documentos creados falsariamente que parecían conceder derecho a vivienda».