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Jue. Mar 28th, 2024

El Ayuntamiento de Cádiz mantiene el compromiso de poner en marcha un bono social

El Gobierno central aprobó el pasado 23 de diciembre un Real Decreto Ley 7/2016 por el cual establece las bases legales de la modificación del bono social vigente desde 2009. En dicho Real Decreto Ley, que requiere su convalidación en el Congreso de los Diputados el próximo 30 de enero, el Gobierno modifica el sistema de financiación del bono social estableciendo que sea costeado sólo por las comercializadoras eléctricas (y por todas ellas) y en un porcentaje de depende del número de clientes (BOE del 24/12/2016).

Esta obligación de financiar el bono social en base al número de clientes penaliza enormemente a aquellas empresas que comercializan principalmente electricidad al sector doméstico. De esta manera, Eléctrica de Cádiz se verá obligada a dedicar aproximadamente la mitad de sus beneficios anuales, unos 500.000 euros aproximadamente, a financiar un bono social que no podrá ofrecer a sus clientes, puesto que el Real Decreto Ley 7/2016 mantiene que sólo puedan hacerlo las comercializadoras de referencia, entre las que sí están Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo, etcétera.

David Navarro, concejal de Hacienda y presidente de Eléctrica de Cádiz, ha manifestado que “obligar a Eléctrica de Cádiz a entregar la mitad de sus beneficios anuales para financiar un bono que encima no puede ofrecer es un atentado contra toda la ciudad de Cádiz”. Y ha añadido que, “desde este momento”, el Gobierno municipal solicita “el apoyo de todos los grupos políticos, de los medios locales, de las organizaciones sociales y de todos los gaditanos para hacerle llegar al Gobierno un mensaje unánime de rechazo a ese Real Decreto”. “No podemos permitir que castiguen a Cádiz una vez más” ha aseverado.

El nuevo mecanismo de financiación del bono social supondrá un cuantioso trasvase de fondos de las pequeñas y medianas comercializadoras del sector doméstico, a las grandes comercializadoras, las cuales sí ofrecen el bono social, en su versión PVPC. Previsiblemente, esta medida supondrá una subida de tarifas de las pequeñas y medianas comercializadoras, que se verán obligadas a repercutir este coste del bono social estatal en los clientes finales, y en consecuencia generará la pérdida de su competitividad de estas empresas a favor de las grandes comercializadoras.

En vista de que las nuevas bases regulatorias siguen excluyendo a la ciudadanía gaditana del acceso al bono social, el Gobierno municipal presentará mañana una moción de urgencia para solicitar al Gobierno de España y a todos los grupos políticos con representación parlamentaria que no convaliden el Real Decreto Ley 7/2016, para que éste sea suspendido hasta que se revise el mecanismo de financiación.

Además, en dicha propuesta se insta al Gobierno de España “a la revisión del mecanismo de financiación del bono social y a su reforma en términos de proporcionalidad en base al volumen de negocio de las empresas y/o al volumen de energía, y no al número de clientes” y se solicita que “todas las comercializadoras que lo deseen deben poder facilitar el bono social, no sólo las comercializadoras de referencia”.

Eléctrica de Cádiz recurrirá el Real Decreto Ley

La empresa Eléctrica de Cádiz ha denunciado que el Gobierno Central le obliga a dedicar la mitad de su margen de beneficios a financiar un bono que no puede ofrecer. La compañía explica que el Real Decreto Ley 7/2016 con fecha del 23 de diciembre establece que el Gobierno regula el mecanismo de financiación del coste del bono social, un mecanismo que obliga a la financiación de su coste a todas las comercializadoras de electricidad, en base al número de clientes, con independencia del volumen de energía comercializado.

Desde la empresa explican que el porcentaje de reparto asignado a Comercializadora Eléctrica de Cádiz S.A. es del 0,217154, “un porcentaje mucho más alto al de otras comercializadoras a nivel nacional con un volumen de energía comercializada muy superior al nuestro como son: Gas Natural Comercializadora, Audax Energía, entre otras”.

Para Eléctrica de Cádiz, “hacer pagar el bono social a las comercializadoras en base al número de clientes es un disparate y un atropello para las comercializadoras como nosotros que prestan su servicio sobre todo a clientes domésticos”. Según las informaciones publicadas, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital cifra el coste anual actual de la cobertura del bono social en 250 millones de euros, en base a estos datos, el importe anual a asumir por comercializadora Eléctrica de Cádiz sería de 542.885 euros (250.000.000 x 0,217154%).

De acuerdo con el histórico de resultados de esta comercializadora, esta cifra supondría, de no poder repercutirse en el precio final del cliente, una caída de los resultados, antes de impuestos, del 55% aproximadamente. “Ello nos obligaría, a medio plazo, la subida de las tarifas y la pérdida de competitividad frente a las grandes comercializadoras”.

Además, Eléctrica de Cádiz señala que no podría ofrecer a sus propios clientes el bono social estatal, «porque en el mencionado Real Decreto Ley, se prevé que sólo puedan hacerlo las comercializadoras de referencia». Añaden que esta medida es «completamente desproporcionada e injusta y supone un claro perjuicio para los gaditanos y gaditanas, que van a financiar el bono social de las grandes comercializadoras”.

Es por que esto que solicitarán a todos los partidos presentes en el Congreso de los Diputados que no convaliden este Real Decreto Ley, “pues perjudica de manera extraordinaria a las pequeñas y medianas comercializadoras del sector doméstico, y en el caso de Cádiz, al 80% de las familias que verán subir el coste de su factura”.

Eléctrica de Cádiz ha solicitado un informe jurídico para valorar cómo poner en marcha el bono gaditano en este nuevo contexto y prepara un recurso colectivo, junto con otras comercializadoras, por si finalmente el Real Decreto Ley 7/2016 es convalidado en el Congreso de los Diputados el próximo lunes 30 de enero.

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