El Ayuntamiento de Cádiz se ha sumado a otras siete ciudades principales del Estado a la presentación este miércoles en Barcelona de las alegaciones al proyecto de real decreto a través del cual el Ministerio de Energía del Gobierno regula el bono social y la figura del consumidor vulnerable. En un acto conjunto celebrado en el Consistorio barcelonés, al que ha acudido la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, las ocho ciudades han puesto de manifiesto que el proyecto que ha elaborado el ejecutivo del PP no resuelve la problemática de la pobreza energética ni da respuesta a las miles de familias que se encuentran en esta situación.
Ana Fernández junto a representantes de los ayuntamientos de Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Córdoba, y Santiago de Compostela –los consistorios de Madrid y Valencia han expresado también su conformidad con el recurso– han lamentado que el proyecto de real decreto antepone la protección de las compañías eléctricas en detrimento del consumidor vulnerable, porque la defensa de estas familias que podrían encontrarse en riesgo de exclusión social se supedita a la existencia previa de una Administración Pública que asuma por adelantado el pago de las facturas pendientes, y porque además deja en las empresas comercializadoras la prerrogativa de determinar la condición de vulnerable del consumidor.
La concejala de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, ha reprochado al Partido Popular que en Cádiz “votara en contra del bono social eléctrico gaditano que nació de la Mesa de Transición Energética incumpliendo así un acuerdo plenario”. Fernández ha incidido que la actual propuesta del Gobierno Central “impide a las comercializadoras del mercado libre dar el Bono social nacional, con lo que vuelve a excluir a los gaditanos”. De esta manera, “el PP ni protege a las familias vulnerables a nivel estatal, ni deja que las demás administraciones lo hagan”.
En definitiva, las ocho ciudades piden trabajar por un cambio de modelo energético que ponga la garantía de acceso a los servicios básicos de la ciudadanía por delante de los beneficios económicos de las grandes empresas.
La reforma contempla además diversos criterios cuestionables desde el punto de vista de diseño de las políticas sociales, como es el hecho que el Gobierno calcule de antemano que el bono social lo pedirán tan solo un 45% de las personas que podrían recibirlo. Diseñar una ayuda sabiendo que el 55% de los potenciales beneficiarios no la recibirán nunca es el reflejo de una escasa sensibilidad social. De hecho, los descuentos previstos en la factura energética que recoge el bono social oscilan entre un 25% y un 40% en función del grado de vulnerabilidad del beneficiario, mientras que las ciudades consideran que debería bonificarse el 50% y el 100% de un consumo energético básico que permita a las familias disfrutar de una vida digna.
El acto celebrado en Barcelona ha contado con la representación de la teniente de alcaldía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Ortiz; la vicealcaldesa y consejera de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto; la tercera teniente de alcalde de Justicia Social y Cuidados del Ayuntamiento de A Coruña, Silvia Cameán; el concejal delegado de Servicios Sociales, Solidaridad y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael del Castillo; la segunda teniente de alcalde y concejala de Presidencia, Asuntos Sociales y Educación del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, y la concejala de Políticas Sociales, Diversidad y Salud del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Concepción Fernández. Los ayuntamientos de Madrid y Valencia han mostrado también su visto bueno a la presentación de las alegaciones.