Beardo dice que se investiga a unos empresarios y «no está en cuestión la tramitación de contratos» de Diputación

El responsable del Área de Planificación, Germán Beardo, afirma que la investigación por blanqueo de capitales en la Diputación de Cádiz no cuestiona la tramitación de los contratos de patrocinio requeridos por la Guardia Civil.

La Diputación de Cádiz ha remitido a la Guardia Civil varios contratos de patrocinio suscritos con empresas vinculadas a empresarios investigados en una operación por presunto blanqueo de capitales. Según ha explicado el diputado provincial de Planificación y alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, la investigación se centra en las cuentas de los empresarios y no en la legalidad de los expedientes administrativos.

El requerimiento de información se enmarca en una operación que analiza el origen y destino de fondos gestionados por estos empresarios. En ese contexto, los agentes han solicitado a la Diputación la documentación relativa a contratos de patrocinio firmados con algunas de sus empresas.

Entre los expedientes aportados figuran patrocinios vinculados al Festival Palsur y a un evento denominado Preferia de El Puerto. Se trata, según Beardo, de contratos similares a otros que la institución provincial tramita habitualmente para actividades culturales, deportivas o de ocio en distintos municipios de la provincia.

El diputado provincial ha señalado que los contratos cuentan con informes técnicos, económicos y jurídicos, y que han sido fiscalizados por la Intervención antes de su aprobación. También ha precisado que no están firmados directamente por él, sino que forman parte de la gestión ordinaria del área encargada de tramitar patrocinios, subvenciones y ayudas.

La Diputación aparece en la investigación como administración que mantuvo relaciones contractuales con empresas ahora bajo análisis. No obstante, según ha indicado Beardo en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, “no está en cuestión en ningún caso la tramitación de esos contratos”.

El responsable provincial ha explicado que, además de la Diputación, se han solicitado datos a otras empresas, incluidas algunas radicadas en El Puerto de Santa María, dentro del procedimiento de investigación. No han trascendido más detalles sobre el alcance de las diligencias ni sobre el número de contratos examinados.

La operación tiene como núcleo central un presunto delito de blanqueo de capitales. Por el momento, no se ha informado de que exista imputación o investigación formal contra responsables políticos o técnicos de la institución provincial en relación con estos expedientes.

Beardo ha insistido en que la Diputación ha facilitado toda la documentación requerida por la autoridad judicial o policial y que los contratos se ajustan a la normativa administrativa vigente. “Se nos ha pedido una información por una investigación acerca de otro asunto que en nada tiene que ver con las administraciones”, ha afirmado.

La investigación continúa abierta y, hasta ahora, la Diputación de Cádiz figura en las actuaciones únicamente como entidad que formalizó contratos de patrocinio con las empresas investigadas. No se han dado a conocer plazos ni posibles nuevas actuaciones relacionadas con esta causa.