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Provincia

Cádiz recibirá 2,3 millones en ayudas para familias con menores en riesgo de exclusión social en 2025

Más de 4.420 niños y niñas se beneficiarán de estas prestaciones que buscan garantizar su permanencia en el entorno familiar, con la participación de 16 entidades locales de la provincia.

La provincia de Cádiz contará en 2025 con 2,3 millones de euros en ayudas económicas familiares destinadas a familias con menores en riesgo de exclusión social, según recoge la Orden de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad publicada recientemente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Esta dotación, que combina fondos estatales y autonómicos, permitirá atender a 2.455 familias y más de 4.420 menores a través de 16 entidades locales gaditanas.

Este programa forma parte del sistema público de Servicios Sociales Comunitarios y tiene como finalidad cubrir necesidades básicas de la infancia cuando las familias carecen de recursos suficientes, actuando así desde un enfoque preventivo, integrador y capacitador. Las ayudas buscan evitar situaciones de desprotección, favorecer la permanencia de los menores en sus hogares y garantizar su desarrollo en un entorno digno y seguro.

Las ayudas serán gestionadas por ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y por la Diputación Provincial. En Cádiz, los municipios beneficiarios serán Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Los Barrios, Chiclana, Conil, Jerez, La Línea, El Puerto, Puerto Real, Rota, San Fernando, San Roque, Sanlúcar y Cádiz capital, además de la Diputación de Cádiz.

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En el conjunto de Andalucía, el programa permitirá atender a más de 17.000 familias y alrededor de 32.000 menores. La inversión global incluye una aportación estatal de 1,7 millones de euros para Cádiz, complementada con 617.551 euros procedentes del Gobierno andaluz.

Las ayudas económicas familiares, de carácter temporal y flexible, pueden concederse en forma de aportación dineraria o en especie. Están dirigidas a combatir los factores que provocan dificultades sociales, como pobreza, desempleo o inestabilidad familiar. El objetivo último es mejorar las condiciones de vida de los menores y apoyar a sus familias en momentos de vulnerabilidad.

Por su configuración, estas ayudas se canalizan a través de la red técnica y profesional de los servicios sociales municipales, con implantación en todo el territorio andaluz. Desde esta estructura se realiza la valoración de cada caso y se hace un seguimiento individualizado, lo que garantiza una gestión cercana y adaptada a las necesidades de cada familia.

La Junta de Andalucía subraya que este tipo de medidas forman parte de una estrategia global para reforzar el sistema de protección a la infancia y asegurar que todos los niños y niñas crezcan en condiciones de bienestar, independencia y oportunidades. La implicación de los gobiernos locales resulta clave para lograr una respuesta ágil y eficaz ante situaciones de exclusión o riesgo social.

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