Advierte sobre el riesgo de romper el equilibrio cuando se superponen los juicios paralelos al proceso judicial y plantea medidas como reformas legislativas para afrontar un problema de convivencia democrática
El diputado por la provincia en el Congreso, Juan Carlos Campo, ha advertido esta mañana en el seno del II Congreso de la Abogacía que se celebra estos días en Cádiz sobre la necesidad de “tender puentes entre el poder judicial y una sociedad ávida de información”. Así, ha advertido sobre “el riesgo de romper el equilibrio cuando se superponen los juicios paralelos al proceso judicial”. Y en este sentido, ha propuesto algunas medidas, dos de ellas tienen que ver con el impulso de leyes como la reforma inaplazable de la LECRIM o una Ley Orgánica para abordar con todas las garantías el Derecho de Defensa. Junto a los perentorios gabinetes de prensa en las sedes jurisdiccionales o códigos deontológicos profesionales, Campo plantea ideas que ya se ponen en práctica en países como Holanda haciendo referencia a la figura de un juez comunicador que controle la información que puede trascender públicamente en cada momento procesal sobre lo que le traslade el juez de la causa.
Precisamente, el choque de intereses entre la actualidad informativa y el poder judicial se sitúa con asiduidad en la fase de instrucción y los secretos de sumarios son, a menudo también, vulnerados en nombre del interés social de la noticia, ha puesto de relieve el portavoz de Justicia socialista que recuerda el impacto que las valoraciones paralelas pueden tener como sucedió con el caso Wanninkhof donde la condena social anticipada sobrepasó las capacidades del propio poder judicial.
El director del Diario de Cádiz, David Fernández, que compartía cartel en la ponencia con Juan Carlos Campo, optó en su intervención por establecer un diálogo con el juez en servicios especiales, a quien lanzó diversas preguntas sobre los límites en la diatriba medios-Justicia dirigidas a defender el ejercicio periodístico frente “a las lagunas normativas que repercuten en la labor que realizan los medios de comunicación”. Al respecto, Campo ha aconsejado “mejor quedarse corto a pasarse cuando se puede afectar a la dignidad de las personas, a gente que pueda quedar marcada por un señalamiento que después termina en archivo o sobreseimiento”.
Con todo, el diputado socialista esgrimió razones para un debate sobre “la realidad que dibujan los medios o la que terminan creando en un claro exceso de su función social, y es ésta una situación que se puede agravar con la irrupción de las nuevas formas de comunicación social, las redes sociales, donde a veces circulan mensajes carentes de todo rigor”. El peligro de las filtraciones, “siempre interesadas”, fue otro de los avisos del magistrado gaditano pues, a su juicio, “son comunicaciones que salen indebidamente de un proceso y el responsable es quien filtra la información porque tiene acceso a ella, pues el informador está protegido por el derecho fundamental a la libertad de prensa”. A modo de conclusión, Campo ha indicado que “la prensa cumple su papel de formar una opinión, siempre que se ajuste a lo que dicta la Constitución sobre el derecho a la información” y en la misma línea, ha defendido que “es un derecho que no es solo una atribución de los periodistas sino un beneficio para la sociedad en general”, asegurando que “el festín mediático en muchas ocasiones se ve reforzado incontestablemente por el hecho de la lentitud con la que opera la Justicia”.