La Junta cifra en 20 los proyectos de centros de datos en Andalucía afectados por la regulación estatal

Los proyectos de centros de datos en Andalucía representan, según el Gobierno autonómico, una inversión conjunta de 10.000 millones de euros y están condicionados por los requisitos energéticos planteados por el Ejecutivo central.

La Junta de Andalucía sostiene que 20 proyectos de centros de datos en Andalucía, con una inversión conjunta estimada en 10.000 millones de euros, se encuentran bloqueados por las condiciones regulatorias impulsadas por el Gobierno de España. El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha reclamado que se apliquen los criterios de la Unión Europea sin incorporar exigencias adicionales.

Nieto ha centrado sus críticas en el planteamiento del Ministerio para la Transición Ecológica para autorizar la instalación de estas infraestructuras. Según el consejero, los requisitos previstos son más estrictos que los establecidos en el ámbito europeo y reducen la capacidad de Andalucía para atraer proyectos tecnológicos.

Entre las condiciones cuestionadas figura la exigencia de que el 80% del consumo energético de los centros de datos proceda, hora a hora, de fuentes renovables. Nieto considera que este requisito no se ajusta a las características de la producción energética en Andalucía, especialmente durante las horas nocturnas, cuando no se genera energía solar.

El representante de la Junta también ha señalado las limitaciones actuales de los sistemas de almacenamiento para cubrir de forma continuada la demanda de este tipo de instalaciones. A su juicio, el cumplimiento horario de ese porcentaje puede dificultar en la práctica la puesta en marcha de los proyectos previstos en la comunidad.

La cifra de 20 iniciativas afectadas y la inversión de 10.000 millones de euros procede del balance expuesto por el consejero. Nieto ha advertido de que las condiciones regulatorias pueden provocar que parte de esas inversiones se traslade a otros territorios con requisitos menos exigentes.

La Junta y empresas del sector han presentado alegaciones al planteamiento normativo, según ha explicado el responsable autonómico. La posición defendida por el Gobierno andaluz consiste en mantener controles y garantías para la implantación de los centros, pero utilizando como referencia la normativa europea.

“Nosotros no pensamos que no deba haber regulación. Evidentemente tiene que haber controles, tiene que haber garantías”, ha afirmado Nieto. El consejero ha insistido, sin embargo, en que España no debería establecer condiciones superiores a las aplicadas en otros países europeos, al considerar que esa diferencia perjudica la competitividad de Andalucía.

El Gobierno autonómico vincula el desarrollo de centros de datos propios con la expansión de la inteligencia artificial y de la economía digital. Estas infraestructuras permiten almacenar, procesar y gestionar la información necesaria para servicios digitales y sistemas basados en grandes volúmenes de datos.

Nieto también ha relacionado su implantación con la seguridad de la información y la denominada soberanía digital, entendida como la capacidad de disponer de infraestructuras propias para gestionar datos. “El futuro es una economía basada en el dato”, ha señalado el consejero al defender la relevancia estratégica de estos proyectos.

La reclamación de la Junta se dirige al Gobierno central para que revise las condiciones promovidas por el Ministerio para la Transición Ecológica. El Ejecutivo andaluz argumenta que la adaptación de los requisitos a los criterios comunitarios permitiría desbloquear las inversiones sin eliminar los controles ambientales y energéticos.

Nieto ha enmarcado la petición en la competencia entre territorios por captar instalaciones vinculadas a la inteligencia artificial y otros servicios digitales. Según su valoración, mantener el actual planteamiento limitaría las oportunidades de crecimiento tecnológico de Andalucía y su capacidad para albergar infraestructuras destinadas al tratamiento de datos.