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Andalucía y más allá

Casi un millón de jóvenes se han dado de alta en la Seguridad Social en 2024 por prácticas no remuneradas

Desde el 1 de enero de 2024, todos los alumnos que realizan prácticas formativas no remuneradas en universidades y centros de formación profesional están incluidos en el sistema de la Seguridad Social, lo que ha permitido que un total de 944.547 jóvenes se den de alta. Estos estudiantes, aunque no computan en los datos generales de afiliación, han generado cotizaciones durante el año 2024, al menos durante un día. Este cambio legislativo extiende los derechos laborales de los estudiantes en formación y tiene un impacto significativo en su futuro profesional.

Hasta ahora, solo los estudiantes que realizaban prácticas remuneradas estaban obligados a estar dados de alta en la Seguridad Social, medida puesta en marcha en 2011. Sin embargo, la nueva normativa de 2024, que incluye tanto a prácticas remuneradas como no remuneradas, ha sido un paso hacia la inclusión de todos los estudiantes en el sistema de seguridad social. Esta iniciativa tiene como objetivo dar cobertura social a los jóvenes durante su etapa formativa, garantizando protección frente a enfermedades o accidentes laborales y generando derechos para futuras prestaciones, como la jubilación.

La cotización por parte de la Seguridad Social de estos estudiantes les permitirá, entre otras ventajas, que el tiempo dedicado a las prácticas formativas sea reconocido como tiempo cotizado para su pensión de jubilación, algo que no ocurría antes para las prácticas no remuneradas. Además, los estudiantes en prácticas estarán más protegidos en caso de accidente laboral, lo que aumenta su seguridad durante el desarrollo de sus actividades formativas.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado que esta medida representa una de las novedades más importantes de 2024, ya que extiende los derechos de los jóvenes en formación. Según Saiz, «supone una extensión de derechos para los más jóvenes, quienes son el futuro del sistema y deben formar parte de él desde el inicio de su carrera laboral». También destacó la importancia de la cobertura social para los estudiantes durante sus prácticas formativas, tanto remuneradas como no remuneradas, que ahora estarán protegidos de enfermedades o accidentes laborales.

Los estudiantes en prácticas remuneradas y no remuneradas quedan comprendidos dentro del Régimen General de la Seguridad Social, con una cobertura social similar a la de los trabajadores por cuenta ajena, con la excepción de la protección por desempleo y algunos otros aspectos relacionados con la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes en el caso de las prácticas no remuneradas.

En cuanto a la financiación, esta medida cuenta con una amplia bonificación, alcanzando una reducción del 95% en las cuotas a la Seguridad Social por contingencias comunes, lo que supone un alivio económico tanto para las entidades que acogen a los estudiantes en prácticas como para los propios estudiantes.

En términos de distribución geográfica, Cataluña es la comunidad autónoma que ha registrado el mayor número de altas, con 185.368 estudiantes en prácticas no remuneradas. Le siguen Madrid con 170.028, Andalucía con 135.827 y la Comunidad Valenciana con 109.863. En cuanto a las provincias, Madrid lidera con 170.028 altas, seguida de Barcelona (136.646), Valencia (69.141), Murcia (35.991) y Sevilla (32.309).

La medida afecta a diversas modalidades de prácticas, entre ellas las prácticas realizadas por alumnos universitarios, ya sea para obtener una titulación oficial o un título propio de la universidad, las prácticas de formación profesional, y las prácticas de enseñanzas artísticas superiores y deportivas del sistema educativo. Además, los estudiantes pueden consultar su situación en la Seguridad Social a través del portal y la aplicación móvil Importass, donde disponen de información específica sobre su alta y otras consultas relacionadas.

Este cambio legislativo, que se enmarca dentro de un esfuerzo por garantizar mayores derechos a los jóvenes durante su etapa de formación, también es un paso importante hacia la integración plena de los estudiantes en el sistema laboral, asegurando que sus primeros pasos en el mundo laboral estén protegidos desde el inicio.

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