Para CCOO, tras la inicial gestión de una crisis sanitaria imprevisible, se han sucedido actuaciones poco planificadas y con decisiones economicistas obviando las necesidades del sistema educativo y la salud de las personas de la provincia de Cádiz y cuyo colofón de irresponsabilidad toma cuerpo en las instrucciones previstas para el próximo curso
Llegado el fin de un curso escolar marcado por una pandemia insólita, desde CCOO se valoran las actuaciones llevadas a cabo este curso escolar por educación en la provincia de Cádiz y aquellas otras que están previstas llevar a cabo en septiembre.
Según indica Sebastián Alcón, Secretario General del sindicato provincial de Enseñanza de CCOO de Cádiz, “a las actuaciones en educación llevadas a cabo inicialmente ante una pandemia inesperada, se vienen sucediendo decisiones nada consensuadas, irresponsables y mal planificadas denotándose con ello que los responsables educativos tienen sus propios objetivos irrenunciables y que nada han aprendido de un virus que aún sigue entre nosotros.”
CCOO denuncia la nula planificación que Educación está realizando para el próximo curso escolar pues, “en vez de avanzar en recursos para superar esta crisis sanitaria, se viene actuando como si nada sucediera, manifestándose una nefasta gestión en materia educativa a pesar de la pandemia y de los rebrotes que estamos padeciendo.”
Alcón critica que no se estén desarrollando propuestas para erradicar la brecha digital entre los escolares detectada durante la formación online forzosa a la que nos hemos visto obligados y en la que nos podemos volver a ver, que no se tomen medidas para garantizar la distancia física entre estudiantes, no reduciendo la ratio o, lo que es peor, “suprimiendo numerosas unidades escolares públicas en nuestra provincia, datos que no publicita la administración en una falta absoluta de transparencia y en un ataque claro a la educación pública andaluza, incluso en centros con solicitudes que no se van a atender.”
La Consejería de Educación, según CCOO, quiere cubrir expediente ante esta nefasta gestión, incrementando con 4.000 docentes el número de profesorado en los centros públicos andaluces para el próximo curso más 152 Personal Técnico en Integración Social y 1.500 personal de limpieza, una cifra irrisoria. Respecto al profesorado supone el 4% de plantilla frente al 30% necesario para garantizar la distancia física y cuyo presupuesto seguiría siendo inferior a los recortes sufridos por la educación andaluza, “destinando presupuesto a un plan estival que sólo ha sido solicitado por 379 centros en toda Andalucía, de los cuales, por el recorte en los fondos, solo ha sido concedido a 172 y de ellos 27 tienen autorizada solo una quincena una propuesta que una vez más denota el fracaso de las políticas educativas que lleva a cabo el Gobierno andaluz.”
Respecto a las 1.652 plazas de personal técnico en integración social y personal de limpieza, CCOO denuncia que la Consejería de Educación tiene intención de recurrir a la contratación con empresas privadas, “un paso más en la privatización de la Educación andaluza, que afecta tanto a personal de atención al alumnado en las aulas, como al personal de servicios. CCOO exige que la contratación sea mediante un plan de choque, figura regulada en la Ley de Presupuestos y que ha sido utilizada recientemente en la contratación de los auxiliares de playa, publicitados a bombo y platillo por el propio Gobierno andaluz, para lo cual existen bolsas de trabajo que permitirían una contratación para el primer día de curso. No tiene una explicación lógica la diferencia en la opción por el modelo de contratación público-privado”.
La falta de inversión, según CCOO, se ha manifestado igualmente en los recortes sufridos en las sustituciones del profesorado de baja durante el ingente teletrabajo que ha debido desarrollar haciendo uso de sus propios recursos, desde el teléfono hasta el ordenador o su wifi, cuestiones que no está en mente de Educación resolver para el próximo curso. “Más allá de apoyar al profesorado, se está haciendo recaer en éste y en los equipos directivos la gestión de una pandemia que corresponde atender a la Administración Pública y a las autoridades sanitarias, un profesorado que no dispone de la formación y de los recursos necesarios, queriéndose cubrir este despropósito con un docente coordinador Covid en los centros educativos, una medida que resulta incluso grotesca”, denuncia Alcón.
En opinión sindical, esta nefasta gestión también afecta al personal privatizado cuyo trabajo resulta fundamental para la educación de nuestros escolares con necesidades específicas de apoyo educativo para quienes no aporta soluciones reales a pesar de que la Cámara de Cuentas y la Intervención General llamaron la atención sobre el uso inadecuado de estas contrataciones. Lejos de aportar una alternativa CCOO denuncia la intención de modificar la Ley de Educación de Andalucía mediante un Decreto (anunciado en la web de transparencia), una barbaridad jurídica, porque ningún Decreto del Gobierno puede modificar una Ley del Parlamente, pretende Educación que la atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo sea considerada un servicio complementario, hurtándole su carácter intrínseco a la propia actividad educativa en sí. Para CCOO esta pretensión supone normalizar y apuntalar la privatización de actividades en el aula (atención al alumnado con NEAE e interpretación de lengua de signos) .
En la educación infantil 0-3 años la situación no es más halagüeña, un sector que viene soportando desde hace tiempo una situación muy precaria que se ha visto acrecentada por la pandemia y que, sin embargo y sorprendentemente, no va a recibir ayuda económica alguna con motivo de la Covid-19.”
El consejero de Educación se ha olvidado de su promesa lanzada en el propio Parlamento, “por justicia social”, decía, las 631 monitoras escolares a tiempo parcial tendrían al menos contratos de 20 horas semanales a lo largo del curso para cubrir las necesidades de los colegios público. Nada de eso ha ocurrido.
Desde CCOO se denuncia además los 135 millones de euros que la Junta de Andalucía pretende recortar a las universidades públicas andaluzas. Alcón señala que, en el caso de la Universidad de Cádiz, esta cantidad ascenderá a 16,5 millones de euros y recuerda que “la Covid-19 también tiene efectos nocivos en la Universidad de Cádiz, y que ello requiere inversión adicional y no recortes.”
“El colmo de la irresponsabilidad, según Alcón, es la imposibilidad de que el personal vulnerable a este virus, profesorado y personal de administración y servicios, pueda solicitar la exención de la actividad presencial como CCOO había acordado el 8 de mayo con la Junta de Andalucía y que un nuevo acuerdo alcanzado por CSIF y UGT rompe, atentándose de modo irresponsable contra la vida de las personas.”
“La funesta gestión que está llevando a cabo la Consejería de Educación y que se evidenciará drásticamente en septiembre, provocará que los centros educativos en la provincia de Cádiz hagan de puente en la difusión comunitaria de un virus que los responsables políticos quieren obviar pero que sigue entre nosotros”, asevera Alcón anunciando que no tomar medidas responsables para el próximo curso, provocará que CCOO convoque movilizaciones ante unas “actuaciones inconcebibles por un gobierno cuyo principal objetivo debe ser el de velar por la salud y por el bienestar de las personas.”
Alcón asevera con contundencia que “en los años de democracia, la educación en nuestra provincia jamás había sufrido una gestión tan irresponsable como la que estamos viviendo.”