CCOO denuncia que a pesar de que una Orden de 2011 regula la atención psicológica al profesorado y al personal de administración y servicios de los centros educativos si se sufre una agresión, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Cádiz no cuenta con los recursos humanos y procedimientos necesarios para solicitar este servicio que se incluye en el protocolo de actuación ante agresiones hacia el profesorado o el personal de administración y servicios.
La orden que publicó la Consejería de Educación para la promoción de la convivencia en los centros educativos, que cuenta ya con 12 años de existencia, contempló entre otras medidas, que los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos que sufran una agresión, puedan recibir asistencia psicológica, o bien a través de los Equipos de Orientación Educativa (EOE), o a través de profesionales externos con los que se alcancen acuerdos, según el personal afectado solicite, un derecho que recoge el anexo IV del protocolo de actuación en caso de agresión hacia los trabajadores de los centros educativos.
Según denuncia Sebastián Alcón, Secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Cádiz, “no existen protocolos actualizados que hagan efectivo este derecho por lo que los docentes o el personal de administración y servicios de los centros educativos de la provincia de Cádiz que sufre una agresión, no puede disfrutar de esta atención, ni siquiera dispone de un procedimiento adecuado para solicitarlo.”
Alcón señala igualmente que “se carece de los recursos humanos necesarios para atender a los trabajadores y trabajadoras en estos casos, ya que los equipos de orientación carecen de profesionales especializados en psicología clínica, perfil para este tipo de atención, además de que no está regulado ningún protocolo efectivo que haga posible solicitar este servicio, algo que tras 12 años sólo denota dejación por parte de las distintas Administraciones Educativas.”
CCOO recuerda que uno de las situaciones más problemáticas que padece el profesorado y todos los trabajadores de los centros educativos es recibir amenazas e incluso agresiones por parte de las familias de los estudiantes incluido, en algunos casos, de los propios escolares. “Aunque los centros educativos gaditanos son, en líneas generales espacios seguros, cuando se viven este tipo de situaciones se debe contar con los medios necesarios para que los trabajadores y trabajadoras se sientan respaldados y puedan superarlas ya que en numerosas ocasiones conllevan secuelas psicológicas”, afirma Alcón.
Para CCOO no es aceptable que, ante amenazas o agresiones, los trabajadores y trabajadoras se vean obligados a tener que recibir atención privada costeada por ellos mismos, tener que coger bajas de larga duración o incluso se sientan obligados a solicitar un traslado de centro educativo. “Tiene poco sentido considerar al profesorado autoridad pública y sin embargo no ofrecerle asistencia psicológica si sufre una agresión”, argumenta el dirigente sindical.
Este hecho motiva que CCOO exija de modo urgente a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Cádiz que regule el protocolo y disponga de los medios humanos necesarios para que este derecho de los trabajadores y trabajadoras y obligación de la Administración, sea efectivo.