La ampliación de seis meses por el COVID-19 para los contratados a tiempo parcial no se aplica a los y las trabajadores/as fijos discontinuos
CGT denuncia que la Diputación de Cadiz discrimina a las trabajadoras/es fijas discontinuas al no ampliar sus contratos seis meses como va a hacer con los y las trabajadores contratados/as a tiempo parcial con motivo del COVID-19.
Se trata de una decisión claramente discriminatoria puesto que se amplían los contratos de trabajadores/as con menor tiempo de antigüedad que las/os trabajadoras/es fijas/os discontinuas/os a las/os que no se les amplía. Esta decisión es ilegal como ha establecido una sentencia judicial (se adjunta) de que se debe aplicar el artículo 11.1 del Convenio Colectivo, de ampliar el contrato a estas trabajadoras, lo que la Diputación Provincial de Cádiz se niega a aplicar.
En efecto las mencionadas trabajadoras/es han tenido que acudir a tribunales ya que se está incumpliendo sistemáticamente el artículo 11.1 del convenio colectivo de la Diputación de Cádiz que exige, entre otras cosas, la creación de una convocatoria para establecer la antigüedad y jerarquizar las posibles ampliaciones de jornada laboral. El proceder del Área de Recursos Humanos y Función Pública de la Administracion Provincial es manifiestamente arbitrario al no tener respaldo documental, al menos conocido por CGT, ya que en casi dos años no se le han entregado los preceptivos informes a los representantes de CGT en la Diputación.
CGT denuncia que hay una arbitrariedad absoluta a la hora de contratar y ampliar jornadas a la plantilla de la Diputación Provincial de Cádiz, en numerosas ocasiones CGT ha solicitado en el registro general de la corporación provincial la documentación que respalda este tipo de decisiones sin haber obtenido respuesta de los responsables de la misma.
La Sección sindical de CGT en la Diputación de Cádiz denuncia que la no ampliación de la jornada de las trabajadoras fijas discontinuas es una represalia sindical, ya que no se les amplía por ser afiliadas de CGT.
CGT se reserva el derecho de ejercer las oportunas acciones legales ante la autoridad competente ya que entiende que se está vulnerando la Ley de Libertad Sindical al favorecer a las personas afiliadas de un sindicato en detrimento de las afiliadas de CGT.