El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía anuncia que recurrirá ante los tribunales las condiciones abusivas expresadas en la Licitación Pública de Atención al Pie Diabético ofertadas por el Servicio Andaluz de Salud en la oferta publicada en el BOJA de fecha uno de febrero de 2018, que establece una tarifa de 18 euros por persona atendida al año.
El Colegio andaluz también reclama participar en el nuevo Plan de Diabetes que está elaborando la Administración sin contar en momento alguno con el colectivo de podólogos.
El secretario general del Colegio Profesional, Antonio Guerrero, explica que “la tarifa fijada hace insostenible el servicio por parte de cualquiera de los cerca de 1.700 podólogos colegiados que hay en la comunidad autónoma, sólo hay que ver que en el caso de la asistencia dental, por poner un ejemplo, la misma Administración autonómica establece una tarifa de atención básica de 30,65 euros por persona atendida”. Por este motivo, los cerca de 1.700 podólogos colegiados de Andalucía, sólo 25 consultas podológicas en toda la comunidad autónoma se sumaron al servicio de SAS en el pasado ejercicio.
“No solamente mantienen congelados los precios por consulta desde 2005 (18 euros al año) sino que obligan a atender por ese precio un número indeterminado de visitas del paciente, haciendo prácticamente insostenible el servicio”, explica el secretario general. “A mayor número de visitas, el hecho de ser una licitación, obliga al profesional a ofertar por debajo de esos 18 euros anuales, con el riesgo de tener que retribuir por debajo de lo marcado en el Convenio Colectivo si cuenta con los servicios de otros profesionales auxiliares o titulados”, señala Guerrero.
La complicación de un Pie Diabético puede finalizar en una solución drástica como es la amputación “y no entendemos la falta de sensibilidad de la Administración ante esta situación”, matiza el secretario general.
Antonio Guerrero afirma que “el Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía comenzará próximamente una serie de entrevistas con pacientes, profesionales de la Salud y representantes políticos “con objeto de concienciar sobre el grave daño para la praxis profesional que representa esta situación, así como el riesgo inducido de prestar servicios sanitarios bajo estas condiciones abusivas”.