El Consejo de Administración de Eléctrica de Cádiz abordará mañana jueves, 29 de junio, la creación del Bono Social gaditano con el que se pretende asegurar un suministro básico de energía a las familias vulnerables de la ciudad y combatir así la pobreza energética. El alcalde de Cádiz, José María González, tras las reuniones mantenidas con los representantes de los partidos políticos con presencia en el Consejo de Administración, se ha mostrado convencido de que “finalmente se aprobará el que será el primer bono alternativo del Estado que implica a las empresas privadas en la lucha contra la pobreza energética”.
González ha destacado que por primera vez el esfuerzo para contribuir a mejorar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran al menos unas 2.000 familias según los informes de la Delegación de Asuntos Sociales “se compartirá entre el Ayuntamiento y la empresa” por lo que habrá “una corresponsabilidad en la lucha por mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas”.
El alcalde ha señalado que de aprobarse mañana, se dará respuesta a la reivindicación de los colectivos sociales de la ciudad que en 2014 presentaron miles de firmas para su creación, y con el acuerdo plenario del 30 de octubre de 2015. Así, ha destacado y agradecido todo el trabajo realizado en la Mesa de Pobreza Energética (en la que están presentes organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, Asociación Pro Derechos Humanos, la Asamblea San Mateo 15M, Mueres de Acero, Asociación Cardijn, Agadén, Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de Abril, entre otras organizaciones, así como personas en situación de pobreza y representantes políticos) y la colaboración del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Industriales de la ciudad, quienes a través de un estudio sobre consumo energético han ayudado a establecer la cantidad de energía y potencia a bonificar en base al número de habitantes de la vivienda.
La propuesta de bono social gaditano está avalada por las organizaciones mencionadas y cuenta con varios informes jurídico y técnico presentados ya en el anterior Consejo de Administración en los que se asegura la legalidad de la propuesta y la identificación de necesidades técnicas para la puesta en marcha del Bono Social Gaditano.
Este jueves el consejo de administración de Eléctrica de Cádiz votará la creación del Bono Social Gaditano y la firma de los respectivos convenios entre las diferentes partes que deben coordinarse para la viabilización de la propuesta. En dichos convenios se establecen las atribuciones en detalle de cada una.
Los informes que se volverán a presentar en el Consejo de Administración de mañana juaves, esclarecen la mejor vía para poner en marcha el bono social gaditano. La necesidad del bono social se deriva de que en la ciudad de Cádiz el 80% de las familias del municipio tienen su suministro eléctrico con la eléctrica municipal, una empresa mixta de la que el Ayuntamiento tiene el 55% (Eléctrica de Cádiz) y que, debido a la regulación del Gobierno, no puede ofrecer el bono social estatal. Esta situación se mantendrá tras la reforma del bono social estatal del Gobierno, pues el Real Decreto Ley 17/2016 aprobado mantiene que sólo las comercializadoras de referencia pueden facilitar el bono estatal, por lo que, según el alcalde de la ciudad, José María González, “sigue plenamente justificada la puesta en marcha del bono social gaditano”.
En el consejo de administración hay 9 consejeros: 3 de Endesa, 1 de Unicaja, 2 del Partido Popular, 1 del PSOE, 1 de Ganar Cádiz y 1 de Podemos. Al contar el Ayuntamiento con el 55% de la propiedad de Eléctrica de Cádiz, como socio mayoritario de la empresa, tiene la capacidad de aprobar una donación de beneficios para fines sociales, si así lo desea. En la anterior votación del bono eléctrico, el Gobierno Municipal contó con el apoyo de los votos de Unicaja, PSOE, Ganar Cádiz y Podemos, pero fue la negativa de Partido Popular y Endesa lo que impidió la aprobación de la propuesta en la primera votación.
El bono social gaditano sería financiado con una donación voluntaria de beneficios de la suministradora de 600.000 euros, cuyos beneficios anuales han oscilado entre los 8 y 10 millones de euros en los últimos años.