Consumo investigará a empresas que publicitan servicios de territorios palestinos ocupados

El Ministerio de Derechos Sociales actúa tras el Real Decreto-ley 10/2025 para prohibir la publicidad de bienes y servicios procedentes de territorios ocupados por Israel.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado la apertura de investigaciones a empresas que publicitan en España servicios prestados o productos fabricados en los territorios palestinos ocupados por Israel. La medida se toma tras la aprobación del Real Decreto-ley 10/2025, destinado a adoptar medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y a proteger a la población palestina.

El artículo 4 de este Real Decreto-ley prohíbe expresamente la publicidad de bienes y servicios procedentes de los territorios ocupados, con el objetivo de impedir que las empresas españolas se beneficien económicamente de la ocupación. La Dirección General de Consumo será la encargada de supervisar y verificar el cumplimiento de esta norma, siguiendo las recomendaciones del informe «De la economía de la ocupación a la economía del genocidio», publicado en julio por Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados.

En su informe, Albanese destacó que varias empresas se lucran directamente de la ocupación ilegal de los territorios palestinos y alertó sobre operaciones similares en España. En consonancia con esto, el ministro Pablo Bustinduy ya avanzó en julio que el ministerio pondría todos los recursos necesarios para garantizar que ninguna empresa que opere en España obtenga beneficios vinculados a la ocupación israelí, directa o indirectamente.

Desde Consumo se subraya que mantener la oferta de estos servicios en España contribuye a “perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio de Israel”. Las autoridades consideran que los negocios que se lucran de la ocupación constituyen una actividad ilícita según el derecho internacional. Como ejemplo de medidas similares, la fiscalía de Países Bajos está evaluando denuncias sobre esta actividad por posibles incumplimientos de la normativa de blanqueo de capitales.

El ministerio también busca concienciar a las empresas sobre la importancia de desvincularse de operaciones que puedan contribuir a la ocupación y fomentar la ética en la actividad económica internacional. La investigación española se centrará en detectar prácticas irregulares y garantizar el cumplimiento del marco legal recientemente aprobado.

Con esta actuación, el Gobierno español refuerza su compromiso con los derechos humanos y la normativa internacional, subrayando que la protección de la población palestina y la prevención de beneficios ilícitos son prioridades de la política de Consumo y Derechos Sociales.