La campaña comprueba que el etiquetado cumple con la normativa y contempla el envío de muestras a laboratorio para su control
La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias está desarrollando, a través de sus servicios provinciales, una campaña de inspección para comprobar la calidad, la seguridad y el correcto etiquetado de diferentes productos industriales que se encuentran a la venta en los establecimientos de Andalucía. En el marco de esta campaña está previsto realizar al menos 730 controles de etiquetado de productos, así como la toma de muestras de 40 productos para su envío al Centro de Investigación y Control de la Calidad (CICC), donde se realizarán pruebas para comprobar su seguridad y calidad.
El control de etiquetado de los productos tiene como finalidad verificar que se cumplen los requisitos básicos y generales de información que establece la normativa vigente. Las inspecciones se llevan a cabo en todo el territorio andaluz, con especial atención a las tiendas de precio reducido y bazares, y se dirigen a una amplia variedad de productos industriales no alimenticios como accesorios del hogar, artículos de limpieza, productos textiles, calzado, joyería y complementos, electrodomésticos, productos de comunicaciones (antenas, teléfonos, etc.), equipos de informática, fotografía y óptica, libros, materiales de construcción, artículos de protección individual, vehículos y otros.
En el caso de que se detecten irregularidades en los artículos que puedan afectar a la seguridad de las personas, se valora el riesgo y, en su caso, se incluye el producto afectado en la Red de Alerta de Productos de Consumo, un sistema de intercambio rápido de información que funciona a nivel europeo y cuyo objetivo es detectar de la manera más ágil posible artículos inseguros, con la finalidad de poder adoptar medidas que impidan la comercialización de estos productos, ya sea a través de la inmovilización o la destrucción de los mismos.
Tanto en el caso anterior como si se detectan irregularidades de tipo informativo (por ejemplo, que el etiquetado no esté en castellano), se remitirán las actuaciones al departamento correspondiente para iniciar el oportuno procedimiento sancionador. Según la gravedad de la infracción, la ley establece sanciones que, para estos casos, pueden oscilar entre los 200 y los 60.000 euros.
Esta campaña se desarrolla en el marco del Plan de Inspección de Consumo 2020, que, tras los ajustes realizados con motivo de las restricciones derivadas del Covid-19, comprende un total de 23 campañas que supondrán aproximadamente 5.600 actuaciones de control dirigidas a garantizar y reforzar la protección de los derechos de las personas consumidoras y asegurar que los productos y servicios que están a la venta cumplen los requisitos de seguridad y calidad que exige la normativa vigente.
Datos de la campaña anterior
En la campaña de control realizada para este tipo de productos en 2019 se realizaron en total 699 actuaciones inspectoras, siendo el número de actas positivas de 154, lo que supone que se detectaron irregularidades en el 22% del total. En cuanto a las muestras analizadas, del total de 82 productos enviados al laboratorio, 44 fueron no conformes, es decir, un 53,66% de los productos presentaba algún problema. Únicamente en seis de esos casos el problema afectaba a la seguridad de los productos, por lo que fueron incluidos en la Red de Alerta de Productos de Consumo.
Respecto a los resultados obtenidos, los mayores porcentajes de incumplimientos detectados en el etiquetado se refieren principalmente a no indicarse el lugar de procedencia u origen de los productos, no expresarse en el etiquetado que los productos necesitan para su funcionamiento energía eléctrica o de cualquier otro tipo, no tener el marcado CE cuando lo necesitan y no indicarse correctamente las instrucciones, advertencias o consejos sobre su peligrosidad o condiciones de seguridad.
Recomendaciones
Desde la Dirección General de Consumo se recomienda leer detenidamente el etiquetado antes de adquirir un producto para asegurarse de que es correcto y que identifica adecuadamente a su responsable. La información debe ser visible, legible, comprensible e imborrable, además de figurar en castellano y en un lugar destacado. Igualmente se aconseja prestar especial atención a las advertencias de seguridad y las instrucciones de uso que acompañen al producto. En el caso de juguetes y material eléctrico, se debe comprobar que en el envase figura el marcado CE, que indica que cumple con la normativa europea de seguridad.
Por otra parte, se debe pedir y conservar siempre el ticket o factura de compra, imprescindible para efectuar cualquier reclamación, devolución o cambio del producto. Asimismo, se recomienda, siempre que sea posible, realizar las compras en establecimientos adheridos al Sistema Arbitral de Consumo, ya que de esta manera se garantiza que cualquier posible discrepancia pueda quedar resuelta de forma rápida y gratuita. Igualmente, se recuerda que los establecimientos deben disponer de hojas de quejas y reclamaciones a disposición del público.
Además, conviene informarse antes de la compra sobre la política de devoluciones. En el caso de las compras por internet existe el derecho de desistimiento, que permite, con carácter general, cancelar el contrato durante un plazo mínimo de 14 días naturales desde la fecha de recepción del producto, sin tener que alegar motivo alguno y sin penalización.
Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder de forma continuada a través del número de teléfono 900 21 50 80, de la página web www.consumoresponde.es, del correo electrónico (consumoresponde@juntadeandalucia.es); del perfil de Twitter (@consumoresponde); y el de Facebook (https://www.facebook.com/consumoresponde/).
También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Familias presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.