La diputada provincial de Ciudadanos (Cs), Estefanía Brazo, ha valorado positivamente que la corporación provincial de la Diputación de Cádiz haya aprobado por mayoría, a excepción de Adelante e Izquierda Unida, «proponer al Gobierno de España a prestar toda la asistencia técnica necesaria e inmediata a los supermercados y grandes superficies para que pueda ponerse en práctica la eliminación del IVA por la adquisición por particulares de productos destinados a su donación a entidades sin fines lucrativos».
En este sentido, ha indicado a través de un comunicado que «esta petición debería estar operativa de cara a la próxima campaña de la Gran Recogida de Alimentos 2022». Ha señalado que «en el caso de no establecerse a tiempo el indicado sistema, solicitamos que se reinvierta el IVA recaudado con dichas donaciones en la adquisición de más alimentos destinados a personas en situación de pobreza».
Brazo ha precisado que «esta petición ha sido y sigue siendo una demanda frecuente de organizaciones no gubernamentales y entidades sin fines lucrativos con el fin de potenciar las donaciones de particulares que podrían verse frenadas por el peaje fiscal en forma de IVA que debían satisfacer en cada donación».
En esta línea, ha subrayado que «esta nueva previsión fiscal, en vigor desde el pasado 10 de abril, ha supuesto un importante espaldarazo a la donación masiva de excedente alimentarios a bancos de alimentos por las grandes superficies».
«Desde nuestra formación, consideramos que es urgente que el Gobierno de España actúe ya, teniendo en cuenta que el próximo mes de noviembre tendrá lugar la Gran Recogida de Alimentos 2022», ha exigido la diputada provincial quien ha puesto de relieve que «se estima que alrededor de cuatro millones de personas participan en estas campañas como donantes, y que de no implantarse este sistema el Estado percibirá indebidamente en forma de impuesto indirecto un dinero que la sociedad donó con fines solidarios para alimentar a los más necesitados».
En este contexto, Brazo ha recalcado que «en la Gran Recogida de 2020, el Estado percibió en concepto de IVA más de dos millones de euros del total de 31 millones donados en forma de alimentos básicos para los más vulnerables».
Por todo lo expuesto, ha puesto de relieve que «se trata de ayudar a quienes más lo necesitan, y si todos los ciudadanos hacemos un esfuerzo en estas campañas solidarias, el Estado debe ser el primero en dar ejemplo».