Delegados sindicales se han concentrado al mediodía en centros sanitarios de toda la provincia en protesta por las decisiones unilaterales de la Administración sanitaria, que suponen “la mayor vulneración de derechos en décadas” al colectivo
CSIF, primera fuerza sindical multiprofesional en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha calificado como “atropello a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de las sanidad pública andaluza” la orden de 8 de noviembre por la que se establecen medidas en materia de recursos humanos para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del SAS, y ha anunciado que estudia acciones legales contra la misma. Por ello, delegados sindicales se han concentrado este medio en hospitales y otros centros sanitarios de la provincia (que se han repetido por toda Andalucía) para mostrar su rechazo absoluto a este nuevo varapalo contra el personal de la sanidad pública.
Dicha orden, firmada ayer domingo por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), sin negociación previa con las organizaciones sindicales, supone “un ataque a los derechos de los trabajadores de la sanidad pública, al suprimir todos los permisos, licencias y vacaciones, y al disponer, a discreción, de los turnos y de la movilidad de los profesionales”.
Así lo ha manifestado el responsable de Sanidad de CSIF Cádiz, Alberto Puyana, quien considera que la Administración sanitaria ha procedido con “nocturnidad y alevosía”, al comunicar este domingo a las organizaciones sindicales, “como hecho consumado”, el contenido de la orden, “que constituye una total imposición por parte de la Administración y que representa la mayor vulneración de derechos en décadas para este colectivo”. Ante ello, CSIF estudia emprender acciones legales contra dicha orden.
Profesionales, exhaustos
Asimismo, desde CSIF Andalucía indican que “el gerente del SAS no ha dado ninguna explicación convincente en relación a la manera de proceder sin ningún tipo de diálogo con los legítimos representantes de los trabajadores”, añadiendo que “una vez más se penaliza a los profesionales de la sanidad pública, que están exhaustos”.
En virtud de dicha orden, además de la suspensión de permisos, se permite la modificación de la jornada, turnos y descansos que se estimen oportunos, así como la posibilidad de realizar jornadas laborales de hasta 14 horas diarias durante siete días seguidos, garantizando únicamente 70 horas semanales de descanso.
Igualmente, las disposiciones contenidas en esta orden posibilitan la movilidad de los profesionales a distintas unidades, centros o áreas, lo que obliga a dicha movilidad en centros y entre distintos centros y localidades. Además se contempla la posible asignación de tareas correspondientes a una categoría o especialidad distinta a la que se ocupa.
Tampoco se permiten las excedencias por cuidados de familiares e hijos, las reducciones de jornada, la jornada mínima de trabajo, los periodos mínimos de descanso entre jornadas y se suspende la exención de guardias a mayores de 55 años.