La propuesta responde a la inquietud de los propios trabajadores ante la situación compleja que conlleva su regreso a la atención presencial, con un incremento notable de demandantes de empleo, las medidas de protección y especialmente el retraso que se está produciendo en el pago de las prestaciones vinculadas a los ERTE
CSIF ha dirigido un escrito al director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Miguel Ángel Terrero Prada, en el que solicita un refuerzo en las medidas de seguridad y vigilancia en las oficinas de empleo ante la próxima reincorporación presencial de sus trabajadores y trabajadoras.
Las oficinas del SAE de la provincia de Cádiz no atienden presencialmente desde el 16 de marzo, pero su personal, de un día para otro, tuvo que adaptarse al teletrabajo y atender telefónica y telemáticamente a una población desempleada que se ha incrementado un 20% en poco tiempo, pasando de 150.767 demandantes en febrero a 180.898 en abril, a lo que debemos sumar la atención a cerca de 70.000 trabajadores y trabajadoras que han participado en Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE). Una “avalancha de trabajo” que está siendo gestionada con un esfuerzo y dedicación encomiables por parte del personal del SAE.
De los 36 centros y oficinas de empleo con los que cuenta el SAE en la provincia de Cádiz, sólo 16 disponen de servicio de vigilancia y seguridad. Su presencia en todas las oficinas, que ha sido una reclamación en los últimos años del sector de Administración de la Junta de Andalucía de CSIF Cádiz, es en estos momentos más importante que nunca. Su labor es esencial para la aplicación de las medidas de protección de salud laboral y seguridad personal en la reapertura de los centros.
Su presencia es fundamental para la correcta aplicación de las medidas sanitarias (restricciones de aforo y acceso, distancia mínima interpersonal, uso de mascarillas, etc.) destinadas a la protección tanto del personal como de la ciudadanía.
También estos servicios se requieren para disminuir el riesgo de episodios de hostilidad hacia el personal, que pueden verse incrementados por la tensión y crispación que generan las incidencias y retrasos en el pago de prestaciones y sobre todo de las prestaciones vinculadas a los ERTE en un contexto de saturación de los Servicios Públicos de Empleo y creciente crisis social y económica generada por el coronavirus. De estos retrasos no se puede responsabilizar ni al personal del SAE ni al del SEPE.
En este sentido existe cierta inquietud y sensación de inseguridad entre los empleados y empleadas de las oficinas de empleo, respecto a la situación que podrían encontrarse al volver a sus puestos presenciales, habida cuenta de los incidentes no generalizados que se han registrado ya en el caso del Servicio de Empleo Estatal (SEPE) en oficinas que aún no han abierto al público o en redes sociales.
CSIF entiende que la red de centros y oficinas del SAE en la provincia debe contar con un refuerzo en sus medidas de seguridad y vigilancia de cara a la próxima incorporación presencial de su personal. Y al mismo tiempo, CSIF considera necesaria la contratación de vigilantes de seguridad para todas las oficinas de empleo de la provincia que aún carecen de este servicio. La reapertura debe producirse con las máximas garantías sanitarias y de seguridad.
Coordinación con las corporaciones locales
Asimismo, CSIF cree necesario que la Administración autonómica establezca mecanismos de coordinación con los ayuntamientos en los que están ubicadas las oficinas, de manera que se intensifique el control de la marcha de la actividad en estas sedes a través de controles rutinarios de la Policía Local.