CSIF denuncia que el Gobierno central adeuda más de 50 millones de euros a los empleados públicos de Cádiz por la falta de acuerdo salarial

El sindicato se movilizará el 30 de octubre junto a CCOO y UGT para reclamar una subida salarial y la recuperación del poder adquisitivo perdido por los trabajadores públicos desde 2022.

El sindicato CSIF, mayoritario en las administraciones públicas, ha denunciado que el Gobierno central adeuda unos 51 millones de euros a los empleados públicos de la provincia de Cádiz debido a la congelación de las nóminas y a la ausencia de un nuevo acuerdo salarial para 2025. Según los cálculos de la organización, la cifra asciende a 310 millones de euros en toda Andalucía.

La presidenta de CSIF Cádiz, Mercedes Amézaga, calificó de “lamentable e injusta” la pérdida de poder adquisitivo sufrida por el personal público, acusando al Ejecutivo de mantener una “actitud cicatera” y de bloquear la negociación colectiva. “No es de recibo que el Ministerio que dirige Óscar López haya permitido que el personal del sector público acumule una pérdida de poder de compra del 6% desde 2022”, subrayó Amézaga, recordando que el sindicato rechazó el acuerdo salarial firmado entre el Gobierno y otras organizaciones sindicales por considerarlo insuficiente.

CSIF advierte de que, si se toma como referencia el recorte aplicado en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la pérdida acumulada de poder adquisitivo supera el 20%.

Ante esta situación, CSIF, en unidad de acción con UGT y CCOO, ha convocado movilizaciones el próximo 30 de octubre frente a las subdelegaciones del Gobierno en toda España para exigir al Ejecutivo la apertura inmediata de una mesa de negociación. Bajo el lema “Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos”, las protestas marcarán el inicio de un calendario de movilizaciones que continuará con una gran concentración en Madrid en noviembre y podría culminar en una huelga nacional en diciembre, la primera en la Administración pública durante el actual mandato de Pedro Sánchez, si el Ministerio mantiene el bloqueo.

La organización sindical reclama un nuevo acuerdo retributivo que contemple la subida salarial correspondiente a 2025 y la recuperación del poder de compra perdido por los empleados públicos en los últimos años. “Los trabajadores del sector público son esenciales para el funcionamiento del Estado, pero se sienten abandonados por un Gobierno que no cumple con sus compromisos”, destacó Amézaga.

Por otro lado, el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, mostró su rechazo a la negativa del Gobierno andaluz a firmar el preacuerdo de mejora del empleo público en la Administración General de la Junta. “La actitud de la Administración andaluza es inaceptable y requiere un calendario contundente de actuaciones, que daremos a conocer en los próximos días”, afirmó.

No obstante, CSIF ha decidido no iniciar las movilizaciones autonómicas el mismo día 30 de octubre, para evitar que coincidan con las protestas nacionales y “diluyan la fuerza de ambas reivindicaciones”.

Con esta convocatoria, el sindicato busca recuperar el diálogo social y la negociación colectiva en el ámbito público, defendiendo la dignidad salarial de los más de tres millones de empleados públicos españoles, que —según CSIF— “sostienen cada día los servicios esenciales que garantizan el bienestar de la ciudadanía”.