CSIF denuncia que la Diputación inicia la privatización de servicios en las residencias de mayores de Cádiz y El Puerto

CSIF denuncia que la Diputación inicia la privatización de servicios en las residencias de mayores de Cádiz y El Puerto tras sacar a licitación el servicio de lavandería y teme que el siguiente paso sea la externalización de las cocinas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que la Diputación de Cádiz ha dado los primeros pasos para privatizar servicios en las residencias públicas de mayores de Cádiz y El Puerto de Santa María. El sindicato alerta de que ya se ha iniciado el procedimiento para externalizar el servicio de lavandería en ambos centros y teme que, a corto plazo, se haga lo mismo con otros servicios esenciales, como el de cocina.

Según ha informado CSIF, la Diputación provincial ha sacado a licitación el contrato para la gestión del servicio de lavandería de las dos residencias de mayores, con un presupuesto base de 1.921.954,82 euros para un periodo de cuatro años. El pliego contempla además la posibilidad de una modificación del contrato que podría incrementar el coste total en otros 384.390,96 euros, lo que elevaría aún más el importe destinado a esta externalización.

Para el sindicato, esta licitación supone un punto de inflexión en el modelo de gestión de las residencias públicas dependientes de la Diputación. CSIF considera que se trata del primer paso de un proceso de privatización progresiva, servicio por servicio, de unos centros que hasta ahora se gestionaban de forma directa por la administración provincial.

Desde la organización sindical recuerdan que el actual equipo de gobierno de la Diputación se comprometió públicamente el pasado mes de mayo a mantener la gestión pública directa de todos los servicios sociales. Este compromiso se produjo tras meses de movilizaciones y protestas impulsadas por CSIF para frenar el proyecto de creación de un organismo autónomo que asumiera la gestión de estos servicios. A juicio del sindicato, la licitación del servicio de lavandería contradice de forma clara ese compromiso.

CSIF también ha denunciado la falta de diálogo por parte de la Diputación. Según la sección sindical, desde que tuvo conocimiento del inicio del procedimiento para externalizar la lavandería, ha solicitado una reunión con la presidenta de la Diputación desde el pasado 27 de noviembre, sin haber obtenido respuesta. Con anterioridad, el sindicato también intentó reunirse con el diputado de Recursos Humanos y con la diputada de Servicios Sociales, sin éxito.

La organización sindical critica que una decisión de este calado se esté adoptando sin negociación previa con los representantes de los trabajadores, tal y como, según CSIF, establece el convenio-acuerdo de mejoras y el estudio del sistema de organización del trabajo en los centros asistenciales. En este sentido, el sindicato denuncia que no se han tenido en cuenta ni las condiciones laborales de la plantilla ni el impacto que la externalización puede tener en la calidad del servicio que reciben las personas mayores.

Desde CSIF defienden que las lavanderías de las residencias funcionan actualmente de manera adecuada, con personal suficiente y cualificado. A su juicio, las posibles deficiencias que puedan existir se resolverían con una inversión en recursos materiales y en la renovación de maquinaria, sin necesidad de recurrir a la privatización del servicio. El sindicato considera que externalizar la lavandería supone abrir la puerta a un deterioro progresivo del empleo público y del modelo de gestión directa.

Además, la central sindical pone en duda que la externalización vaya a suponer un ahorro económico para la Diputación a medio y largo plazo. CSIF señala que la administración provincial no ha aportado hasta el momento datos ni argumentos económicos rigurosos que justifiquen la privatización del servicio, ni ha presentado estudios comparativos que permitan evaluar si esta decisión es más eficiente que la gestión pública directa.

La preocupación del sindicato se extiende también a otros servicios de las residencias. CSIF teme que, tras la lavandería, la Diputación avance hacia la privatización de las cocinas u otros ámbitos esenciales del funcionamiento diario de los centros. Para la organización, este escenario supondría un cambio profundo en el modelo de atención a las personas mayores y un riesgo para la calidad asistencial.

En este contexto, CSIF ha reiterado su oposición frontal a cualquier intento de privatización de servicios en las residencias públicas de mayores de Cádiz y El Puerto. El sindicato reclama a la Diputación que cumpla con el compromiso adquirido de mantener la gestión pública directa, que abra un proceso de diálogo con los representantes de los trabajadores y que apueste por reforzar los servicios públicos mediante inversiones y mejoras internas.

La central sindical advierte de que continuará vigilante y no descarta emprender nuevas acciones para frenar lo que considera un proceso de externalización encubierta de servicios públicos esenciales. CSIF insiste en que la atención a las personas mayores debe basarse en un modelo público, de calidad y con empleo estable, y que cualquier cambio en la gestión debe abordarse con transparencia, consenso y garantías para usuarios y trabajadores.