El diputado exige por escrito a la Junta que aclare el futuro de la dependencia y alerta de un posible colapso de los servicios sociales
El diputado de Bienestar Social de la Diputación, David de la Encina, ha trasladado un escrito a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía,Rocío Ruiz Domínguez, en el que pone de manifiesto su “seria preocupación” ante los recientes cambios publicados desde el BOJA sobre la atención a la dependencia. Una incertidumbre que, según esta misiva comparte con los profesionales de los servicios sociales municipales de buena parte de la provincia.
El documento alude a dos medidas incluidas en los BOJA, Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía, de los días 2 y 22 de septiembre, en las que se establece una reorganización en que los trabajadores y trabajadoras encargados de la elaboración de los Programas Individuales de Atención (PIA) tramiten con prioridad a partir de ahora los expedientes de Grado I, dependientes moderados.
De la Encina ha expresado su temor a que esta medida esconda “un desmantelamiento encubierto de los servicios sociales comunitarios, que son los ejecutores de las políticas sociales, ya que este cambio puede colapsar a las diputaciones y ayuntamientos, y dejar sin resoluciones de dependencia a miles de personas, las de peor situación de necesidad. Parece que se esté primando criterios económicos frente a los de salud pública”. El diputado afirma que“sila Junta de verdad quiere mejorar la dependencia, que fortalezca el presupuesto así como los recursos humanos”.
David de la Encina alerta de que estas medidas pueden traducirse en que los más de 24 mil expedientes de Grado II y Grado III, de dependencias severas y grandes dependientes, “se eternicen” y explica que “los profesionales que atendían a toda la ciudadanía con el mismo derecho van a dar prioridad a los expedientes más sencillos, de dependencias moderadas, también las de menor coste económico para la administración; pero los expedientes más complejos y caros dejan de ser prioritarios para la Consejería”. El diputado ha expresado su sospecha acerca de que la razón de estos cambios pueda ser “el ahorro económico, y que la Junta esté pretendiendo no tener que llegar a reconocer nunca esas prestaciones, mucho más costosas que las de Grado I”.
De la Encina también se muestra disconforme por cómo se han acometido estos cambios, “sin que la Consejería haya tenido en cuenta al sector institucional ni profesional”. Por ello pide que el Gobierno de la Junta aclare “qué va a pasar con los trabajadores y trabajadoras encargados de la elaboración de los Programas Individuales de Atención, que son esenciales y que quedan en una situación de incertidumbre, ya que nada se dice sobre cómo van a continuarse los expedientes si el personal tramitador es reordenado”. Además rechaza que se aligeren los trámites sin valoración diagnóstica presencial.
“Mientras la consejera no nos presente y debata con el municipalismo sus propuestas y siga aplicando la vía del decretazo seguiremos pensando que asistimos al desmantelamiento de los servicios sociales comunitarios, y lucharemos contra ello”, ha afirmado el diputado de Bienestar Social.