Es necesario un convenio entre la Junta e Instituciones Penitenciarias
La Diputación de Cádiz, a través de su diputado de Bienestar Social, David de la Encina, ha aclarado que la Diputación de Cádiz se ha visto obligada a dejar de prestar el servicio de la Unidad de Apoyo de Drogodependencias a reclusos de los centros de Botafuegos y Puerto II, a causa de la falta de un marco legal que dé seguridad jurídica a la presencia de esta unidad que gestiona la Diputación en centros penitenciarios. Además ha afirmado que su voluntad es volver a ofrecerlo tan pronto como lo resuelva la administración competente en drogodependencia, la Junta de Andalucía, en acuerdo con Instituciones Penitenciarias.
De la Encina ha aclarado que la actual situación afecta a la totalidad de la Comunidad Autónoma y tiene que ver con la reorganización a nivel andaluz que está encarando la Junta de Andalucía para que este servicio se preste bajo el mismo procedimiento en toda la región. Desde 2019, año en que el nuevo Gobierno presidido por Moreno Bonilla trató de acometer esta reforma y dejaron de renovarse automáticamente los convenios para la atención a la drogodependencia vigentes desde 1985, la Diputación, que no es competente en esta materia, no dispone de un marco normativo que regule las condiciones en que presta este servicio ni avale su presencia en las prisiones.
Así pues, no ha sido una decisión de la Diputación de Cádiz, “ni siquiera es un asunto que tenga que ver solo con la provincia, -recuerda el diputado- sino que es toda Andalucía la que está a la espera de que se haga efectiva la reorganización a través de un convenio entre la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios de la Junta de Andalucía y la de Instituciones Penitenciarias, que regule cómo se presta el servicio, quién lo ofrece y en qué condiciones”.
En palabras del diputado, “la Diputación, que se ha mantenido en comunicación directa con la dirección de ambos centros, sigue creyendo que este servicio es de gran utilidad y que la red que la Diputación despliega, con ratios de calidad del máximo nivel desde hace más de 30 años, es la más adecuada para seguir ofreciéndolo. Pero para ello la Junta tiene que resolver la cuestión competencial y asegurar la financiación a través de un programa uniforme para todas las prisiones”.
De hecho, De la Encina ha expresado su voluntad de que este servicio se reanude no sólo en las prisiones de Puerto II y Botafuegos sino que también se extienda a Puerto III “ya que la voluntad de la Diputación ha sido siempre la de darle la máxima calidad y alcance a este servicio por su gran utilidad social”. Por otro lado ha insistido en la necesidad de que la Junta asegure la financiación de este servicio al que la Diputación aporta una gran cantidad de recursos propios al año pese a no ser de su competencia, “y del que la Junta debe responder como administración responsable”, ha finalizado el diputado de Bienestar Social.