El Defensor del Pueblo Andaluz abrió el pasado 6 de marzo una queja de oficio ante la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz. La institución tuvo conocimiento el pasado mes de octubre a través de un escrito de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) del informe que esta organización había elaborado sobre ciertas deficiencias de los servicios sociales del Ayuntamiento de Cádiz, el cual fue entregado a la corporación municipal.
Entre las deficiencias relacionadas por la APDHA en su informe destacan:
- El aumento del 20% en la demanda de consultas a los servicios sociales.
- Las largas colas para poder solicitar cita con los profesionales de trabajo social, debido al sistema de gestión de citas.
- La falta de personal, como consecuencia del despido de 24 trabajadores sociales en el período anterior, puestos de trabajo que no se habrían vuelto a cubrir por el actual equipo de gobierno.
- Medios técnicos e informáticos obsoletos que dilatarían el proceso burocrático y también a problemas de espacio e infraestructura.
- La falta de puesta en marcha del plan de emergencia para personas sin hogar.
Desde la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz reconocen que son conocedores «de que las consecuencias de la crisis económica que venimos padeciendo desde 2008 siguen manifestándose y afectando a las personas más vulnerables, y de que uno de sus efectos ha sido el aumento de las demandas de ayuda y la correlativa incapacidad de muchos centros de servicios sociales para poder atenderla».
La entrega del informe de la APDHA al Equipo de Gobierno provocó una reunión entre miembros de la organización y la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, para abordar el contenido del mismo y tratar de poner solución a los problemas encontrados. Es por ello que el Defensor del Pueblo Andaluz decidió esperar un «tiempo prudencial» para intervenir en el asunto.
Transcurrido ese tiempo y «teniendo en cuenta que las cuestiones señaladas por la APDHA afectan a derechos estatutarios, como el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las prestaciones del sistema público de servicios sociales y a la atención social a las personas que sufren marginación, pobreza o exclusión y discriminación social, afirman desde la oficina del Defensor, «se ha incoado una queja de oficio ante la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, a fin de solicitar información sobre las actuaciones que se hayan llevado a cabo con relación a las deficiencias apuntadas en el referido informe y la situación actual de los servicios sociales municipales».