Detenido un empresario en la provincia Cádiz por explotación laboral y favorecer la inmigración irregular

Detenido un empresario tras una operación policial en cuatro locales donde trabajaban extranjeros en situación irregular en condiciones de explotación

La Policía Nacional ha detenido a un empresario en la provincia de Cádiz como presunto responsable de delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular, en el marco de la denominada operación Naturke. La actuación se ha desarrollado tras una investigación iniciada el pasado mes de enero en varios establecimientos de comida rápida. 

Las pesquisas se centraron en cuatro locales tipo kebab ubicados en El Puerto de Santa María, Prado del Rey, Bornos y Puerto Serrano, todos ellos vinculados al mismo propietario. Las inspecciones se llevaron a cabo en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo que permitió detectar diversas irregularidades en la situación laboral de los trabajadores.

Durante las actuaciones, los agentes localizaron a cinco ciudadanos extranjeros de origen pakistaní en situación administrativa irregular que estaban trabajando en estos establecimientos. Estas personas fueron detenidas por infracciones a la Ley de Extranjería, iniciándose los correspondientes expedientes sancionadores de expulsión.

La investigación permitió acreditar que los empleados trabajaban en condiciones consideradas de explotación laboral. Según la información policial, realizaban jornadas prolongadas sin días de descanso, bajo vigilancia constante mediante cámaras instaladas en los locales. Además, percibían salarios inferiores a los establecidos legalmente y eran sometidos a un trato degradante, con insultos y amenazas continuadas.

Los investigadores señalan que estas condiciones se producían aprovechando la situación de vulnerabilidad de los trabajadores, derivada de su situación irregular en España. Este contexto habría facilitado el control ejercido sobre ellos en el ámbito laboral.

De forma paralela, la Policía ha investigado al detenido por un presunto delito de favorecimiento de la inmigración irregular. Según las averiguaciones, el empresario habría empadronado a un total de 34 ciudadanos extranjeros en dos viviendas de su propiedad y otras dos alquiladas, sin que estas personas residieran realmente en dichos domicilios.

Esta práctica, según la investigación, tenía como objetivo facilitar el arraigo necesario para la regularización administrativa en España. A cambio, el investigado habría exigido cantidades económicas que oscilaban entre los 6.000 y los 8.000 euros o bien habría recurrido a la explotación laboral en sus propios negocios.

Asimismo, los agentes detectaron que algunos ciudadanos extranjeros en situación regular figuraban dados de alta en la Seguridad Social en los establecimientos sin desempeñar actividad laboral efectiva, mientras que otros en situación irregular trabajaban sin estar dados de alta.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de El Puerto de Santa María-Puerto Real. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en relación con este caso.